Lectores de Clarín abordan los riesgos de la inteligencia artificial, la reducción de recursos para el INTI, la situación económica y el impacto de las demandas laborales en las PyMEs.
En la sección de cartas de lectores, varios ciudadanos expresaron sus opiniones sobre temas de actualidad. Adrian Gustavo Choren advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la necesidad de una gobernanza internacional. Liliana Cánaves cuestionó la reducción del presupuesto del INTI para 2027. Irene Bianchi criticó la falta de empatía del Gobierno ante la situación económica. Jorge Carbi Haubold alertó sobre el impacto de las demandas laborales en las PyMEs.
Advertencias sobre inteligencia artificial
Adrian Gustavo Choren sostuvo que «nos estamos convirtiendo en una sociedad ultraprocesada» y comparó los efectos de los alimentos ultraprocesados con los de la tecnología actual en las mentes. Señaló que frente a la inteligencia artificial a veces se delega la capacidad cognitiva por comodidad y que «ya nos cuesta pensar». Mencionó advertencias de expertos de Estados Unidos sobre riesgos existenciales de una IA desbocada y llamó a reaccionar.
Choren propuso ralentizar la mente, controlar el sistema y volver al pensamiento crítico. Afirmó que si el algoritmo provee certezas enlatadas, se debe rescatar la pedagogía de la pregunta sobre la de la respuesta. Citó la encíclica «Magnifica humanitas» del papa León XIV, quien planteó que la IA debe ser «desarmada» para liberarla de la lógica de dominación y exclusión. Sostuvo que se necesita una gobernanza internacional que regule este avance en función del bienestar general y que la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos debe examinarse a la luz de la prosperidad global. Concluyó que la soberanía intelectual dependerá de que el pensamiento no sea un producto prefabricado de góndola, sino un ejercicio humano y crítico.
Presupuesto del INTI
Liliana Cánaves indicó que el INTI mide casi todo: una balanza, un surtidor, la resistencia de un material, la seguridad de un producto. Ensaya, certifica, desarrolla tecnología y ayuda a empresas argentinas a producir mejor y competir. Señaló que el proyecto de Presupuesto 2027 vuelve a reducir sus recursos. La partida cae 5,2% incluso en pesos corrientes y, según el análisis difundido por Grupo EPC, la pérdida sería del 17,3% en términos reales respecto de 2026.
Cánaves afirmó que esto significa discutir cuánta tecnología industrial propia se quiere conservar. Explicó que se puede ahorrar dinero postergando un ensayo, una inversión, una calibración o un desarrollo, pero que es difícil ponerle precio al conocimiento que deja de generarse, a la empresa que demora una innovación o a aquello que mañana se tendrá que buscar afuera. Sostuvo que un país debe cuidar sus cuentas, pero que la discusión empieza cuando se confunde gastar menos con necesitar menos. Concluyó que el INTI mide casi todo y que tal vez llegó el momento de medir cuánto le cuesta a un país achicar aquello que después necesitará para volver a crecer.
Críticas a la situación económica
Irene Bianchi cuestionó las afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei sobre la prosperidad económica. Preguntó por qué tantos comercios bajan sus cortinas definitivamente; por qué cada vez hay más gente cartoneando; por qué es más frecuente que toquen el timbre para pedir ropa y comida; por qué hay gente revolviendo la basura por alimento; por qué la mayoría no llega cómodamente ni siquiera a mitad de mes; y por qué el súper del barrio está más desabastecido. Se preguntó en qué país viven el ministro y el Presidente y si hablan con la gente común. Afirmó que no se ponen en los zapatos del ciudadano de a pie y que se limitan a proyectar un supuesto futuro próspero desatendiendo el presente.
Demandas laborales y PyMEs
Jorge Carbi Haubold planteó que la protección del trabajador es necesaria, pero se preguntó qué sucede cuando esa protección se convierte en una presunción automática de que el trabajador tiene razón. Sostuvo que una demanda con hechos falsos o exagerados, impulsada por abogados que convierten el litigio en un negocio, puede terminar en condenas capaces de poner en riesgo una PyME. Señaló que el daño se multiplica cuando se embargan las cuentas bancarias, ya que allí no está solamente el dinero del empresario, sino también los fondos destinados a pagar salarios, proveedores, impuestos y servicios. Afirmó que una medida contra una empresa puede terminar afectando a todos sus trabajadores. Preguntó cuántos jueces que toman estas decisiones tuvieron alguna vez que arriesgar su patrimonio para crear y sostener un puesto de trabajo. Concluyó que la Justicia debe proteger derechos, pero también exigir pruebas, sancionar el fraude y medir las consecuencias económicas de sus decisiones, porque una sentencia que destruye una empresa puede destruir empleo.