El gobierno porteño desplegó 1500 efectivos en quince asentamientos informales, con 17 detenciones y clausuras. Sacerdotes de villas señalaron diferencias con el enfoque del operativo, realizado dos días después de una misa en Plaza Constitución.
Los curas de villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su preocupación por el megaoperativo de seguridad simultáneo realizado en la noche del jueves por el gobierno porteño. La operación, denominada Tormenta Negra, incluyó el despliegue de 1500 policías en aproximadamente quince asentamientos informales, 17 detenciones, secuestro de vehículos, clausura de locales y confiscación de mercaderías.
El operativo se llevó a cabo dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, según informaron fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se realizó en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. El objetivo declarado es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el operativo se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Durante la ceremonia, Cannavó llamó a reivindicar el “trabajo digno” y a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad. El texto expresa preocupación por las necesidades y situaciones en los asentamientos informales. “Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, señaló el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.