Miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal y exigir medidas frente al aumento de los alquileres. El Sindicato de Inquilinas convocó una acampada y el gobierno prepara un paquete de medidas.
Miles de personas se congregaron este sábado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, muchas de ellas con carpas para pasar la noche, al final de una manifestación que recorrió el centro de la capital española. La protesta tuvo como detonante el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, y reclamó medidas para frenar la crisis de la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas convocó una acampada en la Puerta del Sol al término de la marcha, que se desarrolló durante la tarde. En su cuenta de la red social X, el sindicato publicó: «Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!».
La difusión de imágenes de Abascal siendo sacada en camilla de su apartamento en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, volvió a situar la crisis de la vivienda en el centro del debate público en España, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.
Los manifestantes corearon consignas y portaron pancartas con reclamos para frenar el aumento de los costos de la vivienda y dificultar los desahucios. Una de las pancartas decía: «Tú podrías ser la próxima Maricarmen».
Enrique Ortega de Miguel, diseñador gráfico de 38 años que vive con su madre, declaró a la agencia AFP durante la protesta: «Es difícil encontrar un sitio que puedas permitirte y luego vives con el miedo constante a que te echen». La marcha finalizó frente al Congreso de los Diputados.
Las autoridades cifraron la participación en unas 25.000 personas, mientras que los organizadores afirmaron que se congregaron unos 300.000 manifestantes.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, declaró a la prensa al inicio de la marcha: «El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno».
Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pidió a los ciudadanos que se sumen a la lucha en un mensaje de vídeo difundido en internet pocas horas antes de la protesta. «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas», afirmó desde un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio. «Quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio», añadió en el vídeo, difundido por el principal sindicato de inquilinos del país.
Según ese sindicato, Abascal se vio obligada a abandonar el departamento donde había vivido durante 70 años después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.
Irene López, ingeniera de 33 años, dijo que la situación «se está haciendo insostenible». «Hay gente que no puede vivir en las ciudades, los precios del alquiler no están acorde a los salarios», declaró a la AFP, y describió el desahucio de Abascal como «la gota que ha colmado el vaso».
Otra manifestante, Maricarmen Arnedo, pensionada de 76 años, afirmó que mientras a las personas mayores las están expulsando de sus hogares, «los jóvenes no se pueden emancipar». «Queremos que bajen los pisos, que bajen los alquileres, porque estoy harta de lavar calzoncillos de mi hijo que tiene 53 años», agregó.
El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar. Desde el desahucio de Abascal se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país.
Está previsto que el gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como «decreto Maricarmen», que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos. Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga el respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría. Un proyecto de ley similar fue rechazado a principios de este año, aunque el caso de Abascal ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que actúen.
El Banco de España estima que el país, con unos 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700.000 viviendas, según la brecha entre la demanda y la nueva construcción. España tiene muy poca vivienda pública, mientras que los alquileres se han disparado por el aumento de la demanda, incluida la procedente del turismo y del crecimiento de la población ligado a la migración, según analistas.
Fuente: Agencias