El máximo tribunal de Estados Unidos definirá el futuro del Estatus de Protección Temporal para más de 615.000 venezolanos, mientras legisladores republicanos de Florida expresan posturas divergentes respecto a la política migratoria del gobierno.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá qué ocurrirá con miles de inmigrantes venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), en un contexto de disputa pública entre el presidente Donald Trump y representantes republicanos de Florida por la política migratoria.
Los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, junto con el también legislador Carlos Giménez, solicitaron desde 2025 un amparo para quienes abandonaron Venezuela alegando persecución, mientras el gobierno avanzaba en la cancelación del TPS.
En una declaración conjunta del 29 de enero de 2025, los tres legisladores sostuvieron que muchos venezolanos se habían integrado a sus comunidades, respetaban la ley y contribuían al país. En el documento, afirmaron que para muchos venezolanos aún no era seguro regresar y que harían “todo lo posible” por proteger a quienes escapaban de la persecución.
Tras una decisión de la Corte Suprema sobre el TPS venezolano, Salazar, Díaz-Balart y Giménez volvieron a pronunciarse conjuntamente el 21 de mayo de 2025. En esa oportunidad plantearon que las personas con alegaciones legítimas de persecución merecían una revisión caso por caso y buscaron una reunión con la administración para discutir una solución más permanente.
El 17 de septiembre de 2026, Salazar cambió el tono. En un anuncio dirigido a Trump, advirtió que “los mismos hispanos” que contribuyeron a su victoria de 2024 hoy “se sienten traicionados”. Salazar no pidió una amnistía general y apeló al presidente para que modificara el rumbo de la política migratoria.
Por su parte, Díaz-Balart declaró después que llevaba meses enviando ese mensaje al gobierno y que debía existir “una mejor manera” de actuar.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la idea de una amnistía y afirmó que continuaría aplicando la ley. Trump discrepó de Salazar sobre la frontera, pero dijo que seguía apoyando su reelección: “No estoy de acuerdo con ella”, declaró desde el Salón Oval.
Días más tarde, la congresista describió una conversación telefónica con él como receptiva; no anunció, sin embargo, un cambio concreto en la política migratoria.
La contradicción tiene especial peso en Doral, ciudad con una numerosa comunidad venezolana situada en el distrito de Díaz-Balart. Axios documentó que la pérdida de autorizaciones de trabajo y el temor a las detenciones afectaron a residentes y comercios locales. La alcaldesa republicana de Doral, Christi Fraga, también cuestionó la forma en que se ejecutan los operativos.
Según un análisis de Pew Research Center basado principalmente en datos federales, las medidas de la administración afectaron a más de 615.000 venezolanos con TPS en Estados Unidos, considerando las dos designaciones del programa.
Donald Trump, por su parte, difundió el sábado 26 de septiembre críticas contra la congresista María Elvira Salazar después de que ella cuestionara sus medidas de control migratorio. En varias publicaciones seguidas, el mandatario estadounidense le apuntó directamente. Más tarde, la congresista habló a Telemundo y minimizó el enfrentamiento con el presidente.