La fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación por una presunta agresión sexual grupal ocurrida en octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell. La decisión se produjo tras una demanda civil presentada por la presunta víctima. Siete hombres son señalados en el caso.
La fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, reabrió la investigación por una presunta agresión sexual grupal ocurrida en la madrugada del 20 de octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi, en el campus de la Universidad de Cornell, en Ithaca. La decisión fue confirmada por el fiscal Matthew Van Houten a ABC News.
Según el relato de la demandante, identificada como Jane Doe, los hechos ocurrieron entre la noche del 19 de octubre de 2024 y las 5:45 de la mañana del día siguiente. Doe presentó una denuncia ante la Policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después del presunto ataque.
Durante dos años, ninguno de los siete hombres señalados enfrentó cargos penales. La reapertura del caso se produjo después de que el 14 de septiembre de 2026 Doe presentara una demanda civil de 101 páginas ante la Corte Suprema del estado de Nueva York contra la Universidad de Cornell, siete miembros de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos el local nocturno Moonies Bar & Nightclub, al que la demanda responsabiliza por haber servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.
El fiscal Van Houten declaró a ABC News: «Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso». Asimismo, reconoció públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente y que se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.
El fiscal sostuvo que, en su declaración inicial, Doe admitió haber consumido drogas y alcohol de manera voluntaria y con conocimiento previo. También señaló que ella no afirmó haber sido forzada a realizar ningún acto ni indicó en ningún momento que estuviera inconsciente o incapacitada. Con base en esa declaración, la fiscalía concluyó que no había elementos suficientes para avanzar penalmente.
Thomas Giuffra, abogado de Doe, rechazó esa caracterización. Según Giuffra, Doe nunca fue contactada por un detective especializado ni por la fiscalía tras realizar la denuncia. «Hablar con una sobreviviente de abuso requiere delicadeza, comprensión y formación especializada. Un oficial universitario promedio no tiene esas habilidades», sostuvo.
La investigación interna bajo el Título IX comenzó en enero de 2025. Un elemento central en el escrito judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina. Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en 2024: «Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento».
La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad. Kretzschmar negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: «Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal».
Tras una investigación que incluyó al menos 12 audiencias internas, según CBS News, Cornell determinó que dos de los siete acusados serían expulsados, mientras que otros recibieron suspensiones y medidas disciplinarias adicionales. La universidad también clausuró la sede de Chi Phi en Cornell y le prohibió seguir funcionando en el campus.
Doe abandonó la institución sin completar su carrera. Su abogado afirmó que «apenas logra sostenerse a raíz de lo que estos hombres le hicieron».
La sede nacional de la organización emitió un comunicado en el que rechazó «inequívocamente» la violencia sexual y afirmó que sus principios fundacionales son incompatibles con ese tipo de conductas, aunque aclaró que no podía referirse a las acusaciones específicas durante el litigio civil en curso.
Cornell reaccionó al movimiento de la fiscalía con una declaración en la que respaldó la decisión de Van Houten de llevar el caso al gran jurado. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que describían las consecuencias internas como menores. «Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos significativos es falsa», señaló el comunicado, que también cuestionó que se haya afirmado públicamente que algunos de los acusados solo tuvieron que escribir ensayos como única consecuencia.
Trae Banuelos-Rovaris, representante de la Alianza Contra la Violencia Sexual, recordó que en Nueva York existen alrededor de 54 centros de atención a víctimas de agresión sexual orientados a trabajar con estudiantes universitarios.