El exgobernador y presidente del PJ de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, sostuvo que las casas deben destinarse a quienes más las necesitan y no a quienes expresen cercanía política con el gobernador Claudio Poggi. No presentó documentación que respalde la acusación.
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quedó bajo presión por una acusación de favoritismo en la asignación de viviendas sociales, formulada por el exmandatario y presidente del PJ de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, después de una nueva entrega de 81 decretos de adjudicación.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Rodríguez Saá sostuvo el domingo 27, durante un discurso en la sede de Compromiso Federal, que las casas deben destinarse a quienes más las necesitan y no a quienes expresen cercanía política con Poggi. La frase apuntó de manera directa contra el criterio de distribución de una de las políticas centrales del Ejecutivo provincial.
La declaración llegó un día después de que el Gobierno pusiera en marcha la construcción de 81 viviendas del programa Tenemos Futuro, distribuidas en más de 30 localidades. En el acto oficial, las familias recibieron los decretos que acreditan la adjudicación y la Provincia presentó el esquema como parte de la reactivación habitacional y de la generación de empleo local.
La acusación opositora no incluyó una nómina de beneficiarios presuntamente favorecidos, expedientes objetados ni documentación que permita afirmar que hubo una adjudicación irregular. Por ese motivo, debe leerse como un cuestionamiento político al sistema administrado por Poggi y no como la comprobación de un delito o de una maniobra individual.
El procedimiento informado por la Provincia combina inscripción, cumplimiento de requisitos y sorteos públicos. Entre las condiciones difundidas aparecen la residencia provincial, la integración del grupo familiar, la falta de otra vivienda y la ausencia de adjudicaciones anteriores, además de controles que pueden excluir a postulantes antes o después del sorteo si la información presentada no resulta válida.
En convocatorias previas, el Ejecutivo comunicó la realización de sorteos y señaló que obtener un número no convierte automáticamente a una familia en adjudicataria definitiva, porque luego se verifican los datos y las incompatibilidades. Ese diseño constituye la respuesta administrativa disponible frente a la acusación, aunque no reemplaza el control sobre cada expediente particular.
Para las 81 unidades anunciadas, Poggi precisó que el pago comenzará cuando las casas estén terminadas, con una cuota inicial de 60.000 pesos que se actualizará cada seis meses según la evolución del índice salarial promedio del país. También afirmó que el mecanismo busca mantener una “rueda” de financiamiento para nuevas construcciones.