El primer ministro Sébastien Lecornu aprobó un proyecto de ley de Finanzas que busca reducir el déficit público al 5% del PBI mediante recortes en jubilaciones, función pública y administraciones locales. Los sindicatos y la oposición anunciaron resistencia.
El gobierno francés presentó este jueves un proyecto de presupuesto para 2027 que contempla un ahorro de 54.000 millones de euros, centrándose principalmente en los jubilados, los funcionarios y las administraciones locales. Los sindicatos y la oposición anunciaron que darán una batalla política cuando faltan siete meses para las elecciones presidenciales.
El gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu aprobó este jueves en el Consejo de Ministros su proyecto de ley de Finanzas (PLF) y su proyecto de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) para 2027. El texto prevé un esfuerzo de 54.000 millones de euros, de los cuales 45.000 millones corresponden a nuevas medidas, con el objetivo de reducir el déficit público al 5% del PBI, frente al 5,4% previsto para 2026, superior al 3% fijado por las normas europeas.
Pocos minutos antes de la presentación, el tipo de interés de la deuda francesa a diez años alcanzó el 4,92%, un nivel no registrado desde 2002. En las actuales condiciones, el costo de la deuda pasaría de unos 79.000 millones de euros este año a 91.000 millones en 2027, y el endeudamiento alcanzaría un récord del 121,7% del PBI.
«La realidad nos está pasando factura», resumió el primer ministro en la red social X.
El Ministerio de Economía calcula un crecimiento del 1% para el año próximo. Según el gobierno, sin esos recortes, el déficit rondaría el 6,5% del PBI. Según el proyecto, el gasto público se congelará en términos nominales, excluyendo el servicio de la deuda y el sector de defensa, cuyos créditos aumentarán en 6.400 millones de euros.
Si bien Lecornu descarta un aumento generalizado de impuestos, la tasa de presión fiscal subiría del 43,9% al 44,2% del PBI mediante la reducción de beneficios fiscales y el combate contra el fraude.
El primer ministro defiende un texto que, en gran medida, podría ser revertido por la mayoría que surja de las urnas en la primavera boreal. Lecornu se comprometió a no recurrir al artículo 49.3 ni a las ordenanzas —que le permitirían hacer adoptar el texto sin tener en cuenta el bloqueo de la Asamblea— si la oposición no recurre a la obstrucción parlamentaria.
Las pensiones son el foco de la polémica. El ejecutivo pretende obtener de ellas 5.500 millones de euros. Las jubilaciones superiores a 1.260 euros dejarían de estar indexadas íntegramente en función de la inflación, lo que supondría un ahorro de 4.100 millones. Asimismo, el límite de la deducción fiscal del 10% bajaría de 4.439 a 3.000 euros.
El segundo frente es la función pública. El índice salarial, que sirve de base para los sueldos y no ha tenido variaciones desde julio de 2023, permanecerá congelado para ahorrar 2.000 millones de euros. Las ayudas al alquiler (APL) se congelarán y la prima de actividad, que perciben 4,5 millones de personas, dejaría de seguir la inflación. En cambio, el RSA (renta de solidaridad activa), la prestación por discapacidad y la pensión mínima de vejez se verán exentos de esos recortes.
Las administraciones locales deberán afrontar un esfuerzo de 5.400 millones de euros, según sus propios cálculos.
En cuanto a la Seguridad Social, el gobierno busca reducir el déficit a 12.000 o 13.000 millones de euros, casi la mitad. Cuenta conseguirlo con un ahorro de 2.000 millones mediante una mejor gestión de las bajas por enfermedad, fiscalizando ciertas indemnizaciones exentas, como las relacionadas con enfermedades de larga duración. El Ministerio de Trabajo debe encontrar 2.500 millones de euros.
Las empresas también se verán afectadas. Se prorroga la sobretasa sobre los beneficios de los grandes grupos, que reportó 7.500 millones en 2026, aunque de forma más moderada. También se extenderá la congelación de las reducciones en las cotizaciones y se limitarán las exenciones de las cuotas patronales. Los concesionarios de autopistas y aeropuertos pagarán 800 millones más, y se contempla un impuesto sobre los productos azucarados en el marco de la lucha contra la obesidad.
El proyecto prevé un periodo de carencia para el pago de ciertas prestaciones a extranjeros, una medida que se interpreta como un mensaje político dirigido al partido de extrema derecha de Marine Le Pen, la Reunión Nacional (RN), favorito en las encuestas para las presidenciales.
Protestas
El presupuesto 2027 no llega sin una demostración de fuerza previa. El martes pasado, las ocho organizaciones laborales representativas de la función pública (CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC, FA-FP) hicieron un llamamiento conjunto a la huelga, algo que no ocurría desde 2018. Según el ministerio del Interior, más de 200.000 personas marcharon en las calles francesas, mientras la tasa de huelga se situó entre el 5% y casi el 10%, dependiendo de los sectores.
La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, pide hacer todo lo posible para «impedir un presupuesto regresivo». Marylise Léon (CFDT) reconoce que la situación presupuestaria es preocupante, pero exige un esfuerzo compartido y advierte contra una lógica punitiva. La federación FO de la función pública considera inaceptable la congelación del índice salarial, teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde 2017 rozará el 24% a finales de 2026.
El colectivo «Nos services publics» señala una contradicción: el número de aspirantes a la función pública se ha dividido por tres en 30 años, y la congelación agrava la crisis de atractividad del sector.
Los responsables locales denuncian un esfuerzo desproporcionado. En el sector privado, la industria agroalimentaria, los confiteros y los panaderos se han alzado contra el impuesto al azúcar. El Medef (central patronal) se muestra preocupado por el destino de las empresas.
El gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que debe convencer al menos a una parte de la oposición. La izquierda radical ya ha tomado partido. Mathilde Panot, líder de los diputados de La Francia Insumisa (LFI), amenaza con una moción de censura contra un presupuesto basado en recortes. Éric Coquerel (LFI), presidente de la Comisión de Hacienda, lo ve como un último intento desesperado del presidente Emmanuel Macron.
El Partido Socialista (PS), que había permitido la aprobación del presupuesto de 2026 a cambio de concesiones, calificó el texto de regresivo e injusto. Su vocero, Arthur Delaporte, denunció una «pócima de austeridad». Boris Vallaud, jefe de los diputados del PS, advierte que el chantaje no funcionará, mientras que el líder del partido, Olivier Faure, duda que sea posible alcanzar un acuerdo. El comunista Fabien Roussel habla de un presupuesto de «desmantelamiento social».
La Reunión Nacional mantiene la ambigüedad. Su presidente, Jordan Bardella, teme un texto que agrave las dificultades financieras del país. Sin embargo, Le Pen ha dejado la puerta abierta a no presentar una censura, considerando que es necesario un presupuesto, aunque sea «imperfecto». Sébastien Lecornu afirma que no negociará con el RN, que además acaba de ganar terreno en el Senado tras las elecciones de finales de septiembre.
En agosto, en una carta dirigida a los parlamentarios, el jefe del Gobierno rechazó la idea de que la falta de presupuesto fuera una solución cómoda. Según él, votar un texto antes de las presidenciales priva a los mercados de una excusa para especular contra Francia y preserva su libertad de decisión. Lecornu considera que para el futuro gobierno será más sencillo corregir un presupuesto ya aprobado que tener que construir uno nuevo.
La primera cita social será este viernes. El ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel, se reunirá con los sindicatos de funcionarios para dar seguimiento a la negociación salarial de julio. La reunión, prevista inicialmente para hoy, se pospuso debido a la presentación del presupuesto. Los agentes no esperan mucho más que en julio, cuando las ocho organizaciones abandonaron la mesa tras apenas dos horas.
Ante la eventual falta de respuestas, la intersindical de la función pública se dice preparada para prolongar la movilización. La próxima gran fecha de movilización anunciada es el sábado 17 de octubre de 2026, en medio de un creciente llamado a una «movilización general». El 6 de octubre, los sindicatos de estudiantes de secundaria y universitarios también convocaron una jornada de acción nacional para protestar contra la precariedad y los recortes presupuestarios en los servicios públicos.
En el ámbito institucional, el Alto Consejo de las Finanzas Públicas debe pronunciarse sobre la viabilidad de las previsiones de crecimiento. El examen parlamentario comenzará en octubre, empezando por la comisión de la Asamblea. La presión también proviene del Tribunal de Cuentas, cuya presidenta, Amélie de Montchalin, ha instado a la clase política a reaccionar. Los inversores vigilarán cada votación tras el aumento de los tipos de interés de este jueves.
Para Lecornu, el ejercicio parece casi imposible y el calendario es ajustado: debe lograr la aprobación de su presupuesto antes de que termine el año, sin mayoría y en plena campaña presidencial.