El sindicato de Camioneros realizó una protesta en San Telmo durante una audiencia pública por las futuras concesiones de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. El gremio reclama el pago de indemnizaciones por 200 millones de dólares, mientras el gobierno porteño planea eliminar ese mecanismo en los próximos contratos.
El sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, movilizó este martes a recolectores de residuos en la Comuna 1, en el barrio de San Telmo, en el marco de una audiencia pública virtual para tratar las futuras concesiones del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires. La protesta incluyó empujones entre manifestantes y la entrega de un petitorio por mesa de entradas, según informó el propio gremio.
El conflicto gira en torno a un mecanismo establecido en el pliego vigente, prorrogado hasta 2028, que obliga al Gobierno porteño a pagar a las empresas concesionarias sumas destinadas a indemnizaciones por despido al finalizar la concesión. La Ley 4120 de la Ciudad establece que la totalidad de esos empleados deben conservar sus puestos de trabajo. Según el sindicato, el monto en disputa asciende a 200 millones de dólares.
Marcelo Aparicio, secretario Gremial del sindicato, formalizó la exigencia mediante un petitorio. En declaraciones a los medios, Pablo Moyano había advertido previamente: «Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso».
El Gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, ha manifestado su intención de no incluir este resarcimiento en los próximos pliegos de licitación, que abarcarían el período 2028-2038. Fuentes oficiales indicaron que la decisión política ya está tomada.
El mecanismo, conocido informalmente como «Ley Moyano», se aplica desde 1998 y establece que, ante cambios de empresa, renovación de concesión o modificación de la razón social, los trabajadores deben ser despedidos, cobrar la indemnización completa y ser recontratados de inmediato sin pérdida de antigüedad.
El sindicato ya utilizó este sistema en municipios como Avellaneda y Moreno, y en operaciones privadas con empresas como Quilmes, DHL, FedEx y la venta de Walmart al Grupo Narváez. En 2022, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destinó 2.000 millones de pesos para estatizar el servicio de grúas y resolver un conflicto con el gremio.
En mayo de este año, Pablo Moyano amenazó con medidas de fuerza si no se garantizaba el pago de las liquidaciones para octubre, pero el Ejecutivo porteño respondió que los contratos ya habían sido prorrogados hasta septiembre de 2028, lo que dejó al sindicato sin margen para exigir el cobro inmediato. Ese episodio generó tensiones internas, con asambleas en plantas de Cliba donde trabajadores cuestionaron a la conducción sindical.
Marcelo Aparicio, en un mensaje difundido para contener el conflicto interno, admitió que el pago «no existe en la ley», pero lo calificó como un «privilegio» histórico obtenido por los trabajadores.
La audiencia pública continuó su curso mientras la protesta se desarrollaba en el exterior. No se reportaron detenciones ni heridos.