El tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por el fiscal Mario Villar para que la Corte Suprema decida sobre la competencia en la investigación por presunto lavado de activos. El caso continuará en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario del fiscal Mario Villar para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión que mantiene la investigación por presunto lavado de activos en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La resolución fue adoptada por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky.
El fiscal Villar había presentado el recurso a finales de agosto de 2026 contra una resolución de Casación que consideró que el caso debe tramitar en la justicia federal de Campana. Villar sostenía que el tribunal se basó únicamente en la ubicación física de la propiedad de Pilar y no en la hipótesis integral de lavado de activos, que según su planteo se inició en la Capital Federal e involucra una presunta red de intermediarios internacionales y sociedades fachada.
Los jueces de la Sala I de Casación sostuvieron que el recurso no estaba debidamente fundamentado y que no se planteó una cuestión federal que justifique la intervención de la Corte Suprema. Señalaron que, por regla, el máximo tribunal no revisa cuestiones de competencia y que la mera alegación de un «interés institucional» no basta para acceder a esa instancia.
El juez Slokar entendió que no se trataba de una sentencia definitiva. El juez Barroetaveña enfatizó que las decisiones en materia de competencia no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva, y mencionó que la Corte Suprema descartó la procedencia de un planteo similar en el caso Vialidad. El juez Borinsky explicó que en una intervención anterior analizó una cuestión formal de trámite procesal y que ahora la cuestión era distinta, pues se discutía quién sería el juez de la investigación, lo que cuestionaba la garantía de juez natural.
Los jueces también indicaron que Villar se contradijo al propiciar en ocasiones la competencia federal y en otras la del fuero penal económico, lo que a su criterio determina la aplicación de la doctrina de los actos propios.
La causa investiga el delito de lavado de activos en relación con una quinta en Pilar, que perteneció a Carlos Tévez. El inmueble, de cinco hectáreas, figura a nombre de Real Central SRL, sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. La Justicia estimó su valor en 25 millones de dólares, con los automóviles incluidos. Durante un allanamiento se hallaron objetos con el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
La denuncia original fue realizada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica. La fiscalía sospecha que la quinta es evidencia de una maniobra de lavado de dinero proveniente de una supuesta administración fraudulenta de contratos de la AFA con la selección nacional.
La decisión de Casación implica que, de quedar firme, el juez González Charvay continuará con esta causa y con la mayoría de las investigaciones que involucran a la AFA, entre ellas las que mencionan a Claudio «Chiqui» Tapia y a Pablo Toviggino. El fiscal Villar aún puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.