En la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) presentaron un documento conjunto que documenta violaciones de derechos humanos en ese país desde 2018.
En el marco de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) presentaron un documento conjunto en el que enumeran violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018.
Según el documento, «ambas instancias continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes ocurridas bajo custodia del Estado, confiscación de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional».
Los organismos expresaron «su preocupación por el aumento en el número de las personas detenidas cuyo paradero continúa siendo desconocido y los riesgos extremos para la vida y seguridad de quienes permanecen bajo custodia estatal». Y agregaron: «La persistencia de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos como parte de los patrones de represión contra personas percibidas como opositoras debe cesar inmediatamente».
El informe también señala «una intensificación de la represión transnacional mediante actos de vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia contra personas nicaragüenses exiliadas, sus familiares y organizaciones que las acompañan, lo que ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región», como Costa Rica y Honduras. En esos países, según el documento, han sido asesinados por «células parapoliciales nicaragüenses» los exiliados Roberto Samcam, Jaime Luis Ortega Chavarría, Joao Maldonado, Rodolfo Rojas Cordero y Gerardo de Jesús Gutiérrez.
El texto sostiene que «estas violaciones ocurren en un contexto de creciente y sostenida concentración del poder y de desmantelamiento total de contrapesos institucionales y del espacio cívico». Menciona que «la reforma constitucional de 2025 eliminó el principio de separación de poderes, creó la denominada copresidencia y estableció para esta un mandato de 6 años. Apenas un año después, una nueva reforma -ya aprobada en primera legislatura- propone ampliar ese mandato a 7 años».
Asimismo, indica «la posibilidad de renovación y elevar a rango constitucional restricciones arbitrarias contra personas calificadas como ‘golpistas’ o ‘traidores a la patria'». Y añade: «Estas medidas revelan la utilización del orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, excluir cualquier alternativa política y eliminar las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas».
Respecto a los comicios previstos para 2027, el documento afirma: «El anuncio oficial de que se prevén elecciones en 2027 constituye una indicación preocupante de la erosión de las garantías democráticas y del Estado de derecho. Los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación efectiva en los asuntos públicos constituyen condiciones indispensables para la existencia de procesos electorales libres, justos y transparentes. La situación actual en Nicaragua no cumple con los estándares internacionales requeridos, y los elementos esenciales de la democracia son inexistentes».
La CIDH y el GHREN hicieron «un llamado a los Estados a utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y respeto de los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano». Además, reclamaron «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el esclarecimiento de las desapariciones».
También exigieron «el restablecimiento del espacio cívico, abandonando el cierre de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes, universidades y instituciones religiosas y la devolución de los bienes, y finalizar la represión transnacional y la privación arbitraria de la nacionalidad, garantizando una protección efectiva de los derechos arbitrariamente restringidos o retirados».
La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.
En paralelo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, integrado por Jan Michel Simon (Alemania), Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Reed Brody (Hungría), investigó 161 casos ilustrativos de desapariciones forzadas y concluyó que Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega y exjefe militar sandinista, y el líder indígena miskito y diputado nicaragüense Brooklin Rivera murieron presuntamente bajo custodia tras sus desapariciones forzadas prolongadas, atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Edwin Brooklin Rivera falleció el 30 de mayo de 2026 en un hospital, tras casi 3 años de detención arbitraria y períodos de desaparición forzada. Tenía 73 años. Según el informe, el régimen controló los restos, limitó la participación familiar y lo sepultó en el Cementerio Sierras de Paz, en Managua. La familia deseaba enterrarlo en Sandy Bay (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte), junto a su madre, según costumbres miskitas, pero no se respetó esa voluntad. Varios familiares y allegados que intentaron reclamar el cuerpo fueron detenidos.
Humberto Ortega fue cremado el 30 de septiembre de 2024, día de su fallecimiento, a los 77 años. No hubo funeral de Estado, ni honras militares, ni ceremonia oficial por parte del gobierno o del Ejército, del cual fue jefe histórico y fundador. Desde mayo de 2024 estaba privado de su libertad, bajo arresto domiciliario de facto, luego de criticar al gobierno calificándolo de «dictatorial». Cuestionó la sucesión familiar y se declaró «prisionero político». La explicación oficial de su muerte alegó causas cardíacas naturales, discutibles por el contexto de reclusión.