El asesor de la Casa Rosada, Santiago Caputo, declaró en la red social X que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son irregulares. El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para auditar el beneficio que alcanza a 1.200.000 personas.
El asesor de la Casa Rosada, Santiago Caputo, afirmó a través de su cuenta en la red social X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas». Caputo sostuvo que «tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra».
Según datos del Gobierno, entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76.000 a 1.200.000. Caputo atribuyó este aumento a «certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política» y calificó la situación como «una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años».
Asimismo, el asesor acusó al Congreso de obstaculizar la auditoría estatal y de pretender «DUPLICAR las pensiones existentes». Sostuvo que las prestaciones para personas con discapacidad real son «un desastre» debido a la falta de fondos.
Las declaraciones se producen en el contexto del caso de Romina Uhrig, exlegisladora y exparticipante del programa Gran Hermano, quien posee un certificado de discapacidad tramitado en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno. El documento tiene fecha de vencimiento en 2028.
Esta semana, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». La iniciativa busca crear herramientas legales para «prevenir, detectar y sancionar el fraude», tras investigaciones administrativas y judiciales que detectaron irregularidades como domicilios fantasma y falta de historias clínicas.
El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para el millón de beneficiarios actuales. Cada titular deberá actualizar su información médica, personal y socioeconómica en un plazo máximo de 90 días, prorrogable por un mes más. Se exigirá constituir un domicilio físico o electrónico y se habilitarán vías presenciales, remotas o mixtas.
Quienes no completen el trámite enfrentarán la suspensión automática del pago y, si la falta de documentación persiste, la baja definitiva mediante un acto administrativo formal. La iniciativa modifica artículos de las leyes 13.478, 24.901 y reformula la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793).
El Gobierno argumenta en los fundamentos del texto que busca frenar un «injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional». Señala que, si bien el país adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cumplimiento de esos derechos debe ser «proporcional a los recursos disponibles». Además, la ley permite firmar convenios con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice y asuma responsabilidades de financiamiento sobre las prestaciones de salud en sus territorios.