Los incrementos superan la inflación acumulada del 293% en el mismo período. 742 mil personas perdieron su cobertura privada y se trasladaron al sistema público, de acuerdo con datos oficiales.
Las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumulan un aumento del 417% desde que asumió Javier Milei, mientras que la inflación fue del 293%, según datos del Indec. El sector salud sigue recibiendo pagos diferidos y cápitas bajas, con cartillas médicas cada vez más delgadas. 742 mil personas perdieron su cobertura privada y pasaron a depender de un sistema público que ya atiende a más de diez millones de argentinos.
Cuando comenzó la desregulación de las cuotas de medicina prepaga con el DNU 70/23, se planteaba permitir al mercado “corregir los precios relativos”: que las cuotas costaran lo que deben costar y las prepagas pagaran las prestaciones lo que deben pagar. Sin embargo, la corrección fue distinta a la anunciada.
Ante la Autoridad Nacional de la Competencia se presentó una denuncia al observar que las prepagas parecían aumentar sus cuotas en forma coordinada y que un empresario reconocido del sector manifestó que se haría cargo de coordinar los aumentos. Esa estrategia fue denunciada y se encuentra en investigación por cartelización.
A partir de esa denuncia, la autoridad de competencia dictó una medida de tutela anticipada que obligó a siete empresas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico) a retrotraer las cuotas a diciembre de 2023 y aplicar el IPC como tope de aumentos. La causa continúa en trámite.
Por entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. En julio de 2024, luego de un acuerdo de la Superintendencia con 41 empresas, la cautelar se levantó, sin una sanción firme ni condiciones claras para ordenar el funcionamiento futuro del sector. Se dispuso devolver lo cobrado en exceso durante los primeros seis meses del año, en 12 cuotas.
Las presiones sobre la clase media no cesaron y golpearon a los jubilados, que aportaron durante toda su vida, mientras sus jubilaciones se congelaban y sus cuotas aumentaban. El Gobierno terminó corriéndose del problema y, alineándose con las empresas.
Milei repite que el liberalismo es “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. El derecho a la salud es la expresión del derecho a la vida.
El problema se traslada del sector privado al público, mientras no se confrontan los precios de los medicamentos ni se busca una corrección equitativa de los precios de las prestaciones. Hasta que eso suceda, algunos acumulan a costa de los pacientes y del Estado, sin dar garantías suficientes.
La medicina prepaga es un mercado imperfecto. Una persona mayor o con una enfermedad preexistente, en medio de un tratamiento, tiene prácticamente nulo margen real para cambiar de prepaga. Por eso hace falta intervención estatal, sin asfixiar al sector. El liberalismo bien entendido exige competencia real, reglas y un Estado que regule aquello que el mercado no puede resolver solo.
Las prepagas son una industria y necesitan ser rentables para sostenerse. Pero una cosa es la rentabilidad y otra que se construya dejando a la gente sin cartilla o expulsándola del sistema.
Para abordar estos problemas hay una salida. La llamo las “tres E”: empatía con quienes aportan mes a mes a un sistema que no les devuelve la cobertura prometida; eficiencia y eficacia para sostener la capacidad operativa y reconocer el rol insustituible del Estado allí donde el mercado falla; y ética de gestión.
Abandonar a las personas es interrumpir su proyecto de vida.
* Abogado y dirigente de la Coalición Cívica.