En julio, el monotributo registró un aumento interanual de 59.000 trabajadores, mientras que el empleo asalariado privado acumuló su quinta caída mensual consecutiva, según el informe del SIPA publicado por la Secretaría de Trabajo. El aporte previsional de un monotributista es casi diez veces menor que el de un asalariado registrado.
En julio, el monotributo sumó casi 59.000 trabajadores en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el empleo privado registrado acumuló cinco meses consecutivos de caída, de acuerdo con el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publicó la Secretaría de Trabajo este miércoles.
El número de monotributistas creció por tercer mes consecutivo, aunque a un ritmo menor que en los dos meses previos. En julio se sumaron 1.400 trabajadores a esta modalidad, un alza del 0,1% mensual. En la comparación interanual se incorporaron cerca de 59.000 monotributistas, un incremento del 2,7%. Fue la única categoría que creció.
El empleo asalariado privado profundizó su retroceso y mostró un ritmo de caída similar al promedio de los últimos 18 meses, según el mismo informe.
Actualmente existen 2.214.900 argentinos inscriptos en el monotributo, frente a los 513.000 trabajadores que había bajo este régimen hace casi tres décadas. La cantidad de monotributistas aumentó un 331%. La participación del monotributo dentro del total de aportantes pasó del 9% en 1998 a más del 20% en la actualidad, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
El aporte previsional promedio de un trabajador asalariado registrado en el régimen general ascendía a $187.098 en marzo de este año, frente a unos $19.215 en el caso de un monotributista. El aporte de un monotributista es casi diez veces menor. Se necesitan aproximadamente 3,5 asalariados registrados para cubrir una jubilación media, mientras que hacen falta casi 34 monotributistas, según el Ieral. Si se considera una jubilación mínima con bono, la relación es de 2,4 asalariados frente a casi 23 monotributistas.
“La reforma laboral y, en particular, el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que ya se encuentra reglamentado y que reduce transitoriamente las contribuciones patronales, no lograron todavía revertir la caída del empleo registrado. El impacto del FAL, que empieza a regir en noviembre, pretende aceitar las relaciones laborales, cubriendo parte de las indemnizaciones con fondos de Anses. Es difícil estimar el impacto que esta flexibilización pueda tener en la contratación de nuevos trabajadores, pero descartamos que sea inmediata. Por ahora, parecen insuficientes para compensar el impacto de la menor actividad y la sustitución de importaciones en sectores intensivos en mano de obra”, analizaron desde la consultora económica LCG.
“El crecimiento del monotributo es una señal de alerta, especialmente cuando se produce en paralelo a la caída del empleo asalariado registrado. No es un problema de formalidad, porque el monotributista también es un trabajador registrado, sino de calidad del empleo, estabilidad de los ingresos y acceso a la protección social. También tiene implicancias sobre la sostenibilidad previsional, porque los aportes de los monotributistas son significativamente menores que los del régimen asalariado, lo que debilita la capacidad de financiamiento del sistema”, explicó Laura Caullo, responsable del Área de Empleo y Política Social en Ieral.
Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que el monotributo mantiene una tendencia creciente hace más de una década, pero se aceleró a partir de mediados de 2020. A esto se suma que en el último tiempo esta expansión contrastó con la caída del empleo asalariado registrado, un fenómeno que se explica, en buena medida, por la contracción de la actividad productiva, particularmente de la industria.
“El aumento de la participación del monotributo como modalidad de contratación tiene consecuencias sobre la recaudación del Estado, especialmente en materia de aportes y contribuciones a la seguridad social. Para los trabajadores, suele estar asociado a menores ingresos y mayores dificultades para acceder a financiamiento. Revertir esta tendencia no será sencillo. Su persistencia bajo diferentes gobiernos, contextos económicos y regulaciones refleja una dificultad estructural de la economía argentina para generar empleo asalariado formal de calidad”, completó.
Durante el año pasado se puso sobre la mesa la eliminación del monotributo y se debatió internamente un combo de incentivos impositivos para que el cambio de categoría al régimen general no sea un salto al vacío para los trabajadores independientes, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiriera la necesidad de revisar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a fin de evitar que se erosione la base tributaria.
Esta semana, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de las cifras del mercado laboral argentino y explicó que “no todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que eso conlleva”. De esta manera, defendió el crecimiento del trabajo cuentapropista y la “libertad” que eso conlleva, ya sea como autónomo, monotributista o dentro del esquema del independiente con colaboradores.
“Respecto de una eventual reforma, considero que es un régimen que debería revisarse, particularmente por las diferencias en las cargas contributivas y en el acceso a prestaciones como las asignaciones familiares, que pueden generar incentivos distorsivos entre modalidades de inserción laboral. El desafío es corregir esas asimetrías sin desalentar la formalización del trabajo independiente”, cerró Caullo.