El caso de Camila Pereira da Silva, de 32 años, ocurrió el jueves por la tarde en la Avenida Mutinga, barrio Parque São Domingos, distrito de Pirituba, al norte de San Pablo. La mujer, que portaba un cuchillo, fue abatida con un disparo en el pecho por un policía militar. El hecho quedó registrado en videos.
El caso de Camila Pereira da Silva, de 32 años, ocurrió el jueves por la tarde en la Avenida Mutinga, barrio Parque São Domingos, distrito de Pirituba, al norte de San Pablo. La mujer, que portaba un cuchillo, fue abatida con un disparo en el pecho por un policía militar de la Unidad de Patrulla en Motocicleta (ROCAM). El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y celulares de transeúntes.
En los videos se observa que los agentes le ordenan a la mujer que suelte el cuchillo mientras retroceden y le apuntan sin abrir fuego. Camila siguió caminando y avanzó hacia los tres policías durante una cuadra en la calle Coronel José Rufino Freire. Al llegar a la esquina, el policía André Coelho Maximo da Costa, que estaba más de frente a su paso, le disparó en el pecho y la hirió de forma mortal.
Denuncia del exnovio
Según el medio brasileño g1, los tres agentes patrullaban cuando una de las motocicletas se averió y se detuvieron en un taller mecánico. Mientras esperaban, apareció un hombre, exnovio de Camila, quien les pidió ayuda y declaró que una mujer lo seguía armada con un cuchillo e intentaba matarlo. Poco después, Camila llegó sosteniendo un arma blanca. Luego se desató la persecución policial con el trágico final.
En su declaración posterior, el exnovio afirmó que llevaban cinco meses separados y que la relación había sido conflictiva. Comentó que ese día, al regresar a casa, se encontró con Camila en la puerta de su vivienda, quien presuntamente portaba un cuchillo y comenzó a amenazarlo.
Declaración de los tíos
La tía de Camila declaró a la policía y confirmó que la expareja tuvo una relación con frecuentes desacuerdos, rupturas y reconciliaciones. Según ella, su sobrina sufría tensión emocional por la relación y padecía graves problemas de salud desde hacía cinco años, esperando un trasplante de hígado desde hacía dos. Acudía semanalmente al hospital para controles y no podía trabajar debido a su estado. La tía aseguró no tener conocimiento de que a Camila le hubieran diagnosticado un trastorno psiquiátrico o enfermedad mental, ni que estuviera en tratamiento. Reveló que Camila era madre de dos hijas pequeñas y la describió como una madre abnegada con fuertes lazos emocionales con ellas.
Informe policial y liberación del agente
Vecinos del barrio habían denunciado que una mujer caminaba de forma errática con un cuchillo y amenazaba a transeúntes en un presunto brote psicótico. El investigador João Pedro Murgolo evaluó en su informe que la reacción del agente fue desproporcionada y consideró que no hubo uso progresivo de la fuerza. Escribió: «En el momento del disparo, la víctima no hizo ningún movimiento agresivo: no levantó el brazo, no blandió el cuchillo ni avanzó repentinamente; aún aceptando la versión de que avanzaba hacia la patrulla, el mero movimiento de una persona con un cuchillo en la mano, con los brazos hacia abajo y sin ningún gesto ofensivo, a varios metros de distancia, no constituye en sí mismo una agresión inminente que justifique el uso de fuerza letal».
En el interrogatorio, el agente Máximo declaró que le ordenaron repetidamente a la mujer que soltara el cuchillo y dejara de avanzar, pero como Camila se acercaba, el equipo retrocedió para mantener distancia. Dijo que durante la retirada chocó con un camión estacionado, lo que dificultó su movimiento en una vía con mucho tráfico. Según el soldado, ante lo que consideraba un peligro inminente, no tenía otra alternativa segura para impedir que la mujer se acercara y preservar su integridad física. Indicó que efectuó un solo disparo para neutralizar la amenaza. Consultado sobre si estaba habilitado para usar una pistola taser, respondió negativamente.
La Secretaría de Seguridad Pública discrepó con su versión mediante un comunicado: «No se tolera la mala conducta ni ninguna acción que contradiga los principios de la Policía Militar de São Paulo, cuya misión es proteger a la población y preservar vidas». Además, informó que el oficial fue arrestado en el acto y trasladado al Departamento de Homicidios y Protección Personal, a cargo de la investigación bajo supervisión del Departamento de Asuntos Internos.
Horas más tarde, el tribunal de São Paulo le otorgó libertad provisional al soldado André Coelho Maximo da Costa. El juez Lucas Bannwart Pereira determinó que el agente debe cumplir medidas cautelares durante un año: suspensión de actividades operativas y de cualquier función que requiera portar armas, limitado a tareas administrativas; obligación de mantener dirección actualizada; y prohibición de abandonar la ciudad de residencia por más de ocho días sin autorización judicial. Para justificar la decisión, el juez afirmó que el agente tiene vínculos con el distrito y un trabajo legítimo, factores que por sí solos no indican riesgo para el orden público. El agente estaba recluido en la prisión militar de Romão Gomes, en el norte de São Paulo, y tras la libertad provisional se emitió una orden de liberación.
El gobernador reelegido de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dijo el viernes que revisará los protocolos operativos de la Policía Militar. «Estamos siguiendo de cerca la situación. Cada caso se analiza individualmente y necesitamos comprender qué motivó la reacción del agente en cada ocasión, porque hay situaciones en las que existe una amenaza clara y otras en las que no», expresó. «El agente también está ahí para defender su propia vida. Pero hemos estado debatiendo estos casos y nos han hecho reflexionar sobre los procedimientos», declaró. «Nos reuniremos con el mando de la Policía Militar para revisar los procedimientos y la formación, con el fin de prevenir abusos. No queremos que eso ocurra, y la policía tiene la obligación de proteger a la sociedad y consideramos necesario revisar los procedimientos», reconoció.