El próximo mes se celebrarán elecciones parlamentarias en España, adelantadas tras la derrota del partido gobernante en el Congreso. La campaña electoral se desarrolla en medio de conflictos políticos, cuestionamientos judiciales y protestas sociales.
El próximo mes se celebrarán elecciones parlamentarias en España, adelantadas después de que el partido en el gobierno sufriera una derrota en el Congreso. El período previo a los comicios está marcado por tensiones políticas y sociales.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, formó gobierno hace tres años tras perder las elecciones, mediante alianzas con partidos independentistas catalanes y vascos, incluido Bildu. A cambio de su apoyo, otorgó concesiones como la amnistía a los nacionalistas catalanes y facilitó la excarcelación de antiguos miembros de ETA. También hubo concesiones económicas al gobierno autónomo catalán.
Durante la legislatura, el gobierno no logró aprobar ningún presupuesto del Estado, lo que motivó que anunciara que gobernaría sin el parlamento. La debilidad del ejecutivo se refleja en divisiones internas en su partido y en declaraciones públicas de exdirigentes socialistas, como Felipe González, quien afirmó que no votará por Sánchez.
El currículo del presidente Sánchez ha sido objeto de cuestionamientos: fue acusado de plagiar su tesis doctoral, su esposa enfrenta un proceso judicial y su hermano fue condenado por tráfico de influencias. Además, un exministro de Transportes cumple condena de 24 años por corrupción, y su sucesor estuvo en prisión preventiva acusado de dirigir una organización criminal.
El gobierno ha acusado al sistema judicial de lawfare, mientras que desde sectores críticos se sostiene que la independencia judicial y la prensa han defendido los derechos democráticos.
La campaña electoral se desarrolla en medio de tres escándalos: la escasez de viviendas asequibles, la llamada ley de nietos y la situación en Ceuta. En cuanto a la vivienda, España pasó de 40 a 50 millones de habitantes en lo que va de siglo, y el número de turistas se duplicó de 50 a 100 millones anuales. Se estima un déficit de al menos 750.000 viviendas, y durante los ocho años de gobierno de Sánchez apenas se construyeron 80.000 viviendas protegidas. Los precios han subido desproporcionadamente y un tercio de los jóvenes menores de 30 años vive con sus padres.
La ley de nietos, aprobada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, facilitó la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la guerra civil. Durante el gobierno de Sánchez, se extendió mediante una trampa administrativa la posibilidad de solicitar la nacionalidad a nietos y bisnietos de exiliados y emigrantes económicos hasta 1955. Se registraron cerca de dos millones y medio de solicitudes, principalmente de Argentina, Venezuela y Cuba. Hasta la fecha, más de medio millón de expedientes fueron aprobados y más de 300.000 inscritos. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de unos 160.000 inscritos, salvo que demuestren que sus antepasados fueron exiliados por la dictadura.
El tercer asunto es la situación en Ceuta, calificada como acto de guerra híbrida, respecto de la cual el comportamiento del gobierno ha sido criticado. Mientras tanto, los reyes visitaron Ceuta y Melilla y recibieron el agradecimiento de los ciudadanos.
En la Puerta del Sol se ha producido una ocupación ilegal que dura semanas, y los protagonistas han llamado a una huelga general convocada por los dos principales sindicatos. También hay protestas en sanidad y educación, y se han registrado escenas de violencia protagonizadas por provocadores fascistas y antifascistas.
Las encuestas proyectan una amplia victoria de la ultraderecha y la derecha, que juntas obtendrían hasta 200 diputados, frente a un descalabro del PSOE y de la extrema izquierda.