Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina, presentó un panorama sobre las condiciones de vida en los barrios populares del país y el proyecto de Emergencia en Barrios Populares.
Más de cinco millones de personas viven en barrios populares en Argentina, de las cuales 1.700.000 son niños, adolescentes y jóvenes, según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El 90% de esas viviendas no tiene acceso a agua potable y en la mayoría hay hacinamiento, de acuerdo con datos mencionados por Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina, durante una entrevista con Noticias Argentinas en la sede de la organización en la calle Balcarce, ciudad de Buenos Aires.
Zadara describió que en los barrios populares «la vida abraza lo comunitario» y que sus habitantes despliegan estrategias comunitarias como comedores, apoyo escolar y oficios. Señaló que actualmente «está costando que la mayoría de las familias tengan las cuatro comidas básicas».
Respecto de la situación laboral, indicó que en los barrios populares hay personas con oficios como albañiles, niñeras y trabajadoras de casas particulares que «están pidiendo a gritos trabajar». También mencionó emprendedores que buscan alternativas.
Consultada sobre el avance del narcotráfico, Zadara afirmó que es una situación que preocupa y que va creciendo. Citó al obispo de San Justo, Eduardo García, quien en la Universidad Nacional de La Matanza dijo que «la ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas». Añadió que a veces los municipios no dan abasto por falta de presupuesto o de acciones previas.
En cuanto a la salud mental, Zadara señaló que aumentaron los suicidios y los intentos de suicidio, especialmente en el rango de 14 a 24 años, vinculados a la falta de un proyecto de vida. Dijo que desde Cáritas están transformando capillas, parroquias y centros comunitarios en centros de escucha para detectar casos tempranamente.
Sobre el proyecto de Emergencia en Barrios Populares, que impulsan junto a otras organizaciones y dirigentes de distintos partidos, explicó que busca garantizar fondos para obras de urbanización e integración socio-urbana. Proponen destinar de forma progresiva el 0,0375% del PBI. Zadara sostuvo que «no sería un gasto sino una inversión» y que hay 600 obras paradas que tenían entre un 50% y un 60% de desarrollo.
La directora ejecutiva de Cáritas mencionó que mantienen diálogo con autoridades del Gobierno y que acercaron el proyecto, aunque esperan una respuesta. También se refirió a la ley 27.453, sancionada el 10 de octubre de 2018, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares identificados en el Renabap.
Finalmente, sobre la mirada de la sociedad, Zadara consideró que falta reconocer que en los barrios más pobres «no solo hay carencia o personas pobres, también hay potencial de trabajo, esperanza, formas de organizarse».