En pocos días, La Rioja sancionó una ley que regula el uso de dispositivos móviles en todos los niveles educativos y la Provincia de Buenos Aires extendió a las secundarias la restricción vigente en primarias, además de aprobar la Ley Ema contra la violencia digital. Otras provincias ya implementaron normas similares, mientras un proyecto nacional espera tratamiento en el Congreso.
El jueves 15 de octubre, la Legislatura de La Rioja sancionó una ley que regula el uso de celulares y dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta el secundario. La norma lleva la firma del gobernador Ricardo Quintela, quien la presentó como parte de una estrategia de protección integral de infancias y adolescencias.
El texto distingue según la edad: en inicial y primaria, los dispositivos personales quedan suspendidos durante toda la jornada, incluidos los recreos; en secundaria, solo podrán usarse de manera excepcional y con un objetivo pedagógico. La ley prevé excepciones por accesibilidad e inclusión y suma acciones de prevención del ciberacoso, la violencia digital y la ludopatía, además de campañas dirigidas a las familias.
«Nuestra mayor responsabilidad como adultos es cuidar a los más chicos», sostuvo Quintela al celebrar la sanción. El mandatario insistió en que la tarea no puede recaer solo sobre el sistema educativo y reclamó un compromiso compartido con los docentes y con cada hogar.
Cinco días después, el martes 20, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva a un proyecto que extiende a las secundarias la restricción de celulares y pantallas que ya regía en jardines y primarias. La iniciativa, del diputado Martín Rozas (Bloque Unión y Libertad), modifica la ley 15.534, sancionada en septiembre de 2025 a partir de proyectos unificados del senador Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y de Lorena Mandagarán (UCR), que alcanzaba a más de 11.000 establecimientos.
La nueva norma establece que no se usen dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo cuando el docente los requiera o los autorice con un fin pedagógico. La medida alcanza a escuelas estatales, privadas y a 1,4 millones de estudiantes.
Rozas reconoció que la tecnología es una herramienta que los alumnos deben aprender a manejar, pero advirtió que «la sobreexposición a las pantallas trae aparejadas otro tipo de situaciones» que perjudican a los adolescentes. El diputado planteó que la escuela debe recuperar su lugar como espacio de socialización.
Santalla reclamó al gobernador Axel Kicillof y a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, que «se hagan cargo de implementar esta ley», en referencia a la norma para primarias. La gestión educativa bonaerense ya había expresado reparos cuando el entonces director general de Escuelas, Alberto Sileoni, advertía que las prohibiciones rígidas podían recortar oportunidades pedagógicas.
En la misma sesión, Diputados aceptó las modificaciones del Senado a la Ley Ema, que la cámara Alta había aprobado a comienzos de octubre. La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 después de que circularan sin su consentimiento imágenes íntimas suyas en su entorno escolar.
La ley crea el programa provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en las escuelas. Define como violencia digital a las conductas que, a través de la tecnología, provocan daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niñas, niños y adolescentes. Entre las situaciones contempladas figura la obtención o difusión no consentida de material íntimo, también cuando fue fabricado o alterado con inteligencia artificial. La ley incorpora contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial y prevé capacitación docente y protocolos de intervención actualizados.
La diputada Mayra Mendoza atribuyó la ley al impulso de Laura, la madre de Ema, a quien describió como alguien que transformó su dolor en lucha. Mendoza resumió el espíritu de la norma en una frase: «Lo virtual también es real».
Experiencias provinciales
Salta y Tucumán regularon el tema por ley con caminos distintos. Salta fue de las primeras en pasar de la ley al protocolo. La ley 8.474, promulgada en diciembre de 2024, se puso en práctica con la resolución ministerial 631, de julio de 2025, que comenzó a regir con la vuelta a clases después del receso invernal. El esquema es escalonado: en inicial el celular no tiene lugar; en primaria su uso se recomienda a partir de sexto grado, con fines pedagógicos, autorización escrita de la familia y planificación aprobada por el equipo directivo; en secundaria el dispositivo entra al aula solo cuando forma parte de la propuesta del docente. El protocolo permite registrar los teléfonos en una planilla y devolverlos al final de la jornada, prohíbe crear grupos de WhatsApp con fines institucionales y pone el acento en la privacidad de alumnos y docentes.
Al presentar la reglamentación, la ministra Cristina Fiore explicó que la excepción pedagógica pensaba en situaciones concretas, como el docente que propone a sus alumnos que «investiguen sobre Güemes, investiguen sobre la independencia» desde el teléfono o la plataforma educativa.
Tucumán optó por un marco más laxo. La ley 9.852, vigente desde 2025, establece que los celulares solo pueden usarse con fines pedagógicos o ante una emergencia, pero deja en manos de cada escuela la definición de los mecanismos a través de sus acuerdos de convivencia. El resultado es un mapa heterogéneo dentro de la misma provincia. En la Escuela Normal las autoridades restringieron por completo el uso en la primaria, aunque permiten que los chicos lleven el aparato para comunicarse con su familia ante cualquier eventualidad; en la secundaria admitieron que el control se vuelve más difícil y convocan a los padres ante los incumplimientos. En el Colegio Nacional se defiende el uso pedagógico del teléfono y se pone el foco en evitar el aislamiento, regla que también vale para los docentes. Algunos colegios guardan los teléfonos en la dirección desde el ingreso hasta la salida y sancionan a quien los use en clase o en el recreo.
Desde el gobierno provincial, la ministra de Educación Susana Montaldo se inclinó por regular antes que prohibir y apeló tanto a la disciplina como a la calidad de la enseñanza. «Cuando las clases son interesantes no hay nadie usando el celular», sostuvo. En la misma línea, la especialista en educación de UNICEF Cora Steinberg sostuvo en su paso por Tucumán que la inteligencia artificial y el teléfono ya forman parte de la vida de los chicos, y que la tarea de la escuela es convertir esa presencia en habilidades de convivencia digital y pensamiento crítico.
Otros distritos
La Ciudad de Buenos Aires abrió el camino en agosto de 2024 por vía administrativa: prohibió los celulares en inicial y primaria y reguló su uso en la secundaria, regla que en marzo de este año se endureció hasta declarar las aulas libres de celulares. «Con la evidencia en la mano, decidimos dar un paso más», resumió entonces la ministra porteña Mercedes Miguel.
Neuquén fue la primera provincia en sancionar una ley integral para todos los niveles, la 3.520, de julio de 2025, que entró en plena vigencia en abril de este año. En junio de 2026 se sumó Chubut, con una norma impulsada por el diputado Juan Pais, del bloque Arriba Chubut, aprobada con un único voto en contra e incluye a los docentes dentro del aula. Catamarca, por resolución ministerial, prohíbe los celulares en todos los niveles obligatorios desde 2022, y La Pampa avanzó en la misma dirección sin pasar por la Legislatura.
Más de una decena de jurisdicciones tienen algún tipo de regulación, pero no hay una ley nacional que unifique criterios. En el Congreso de la Nación, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para prohibir los celulares en las escuelas de todo el país, que todavía espera tratamiento.
En Córdoba, cada escuela define las reglas a través de sus acuerdos de convivencia y el Ministerio de Educación emitió orientaciones que limitan el uso a actividades planificadas y prohíben filmar sin autorización. El legislador Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal, presentó un proyecto de prohibición provincial que aguarda en comisión. En Mendoza, la diputada provincial Griselda Petri propuso prohibir los teléfonos en inicial y primaria y restringirlos en secundaria, pero la Dirección General de Escuelas rechazó la idea con un argumento basado en la experiencia: «En Mendoza ya hubo una ley de prohibición y no funcionó», señalaron.
Santa Fe tiene una ley sobre el tema que data de 2006, pensada para teléfonos que poco tenían que ver con los actuales. El ministro de Educación, José Goity, anunció pautas y protocolos comunes que unifiquen criterios y aborden también el grooming, la ludopatía y el acoso digital. Mientras tanto, algunos colegios avanzan por cuenta propia con jornadas sin pantallas. En Río Negro, el gobierno defiende el teléfono como herramienta pedagógica, mientras la oposición impulsa un proyecto para limitarlo en todos los niveles. Jujuy anunció su intención de prohibirlo en las primarias, San Juan mantiene un esquema de uso autorizado por el docente con iniciativas legislativas en carpeta y en Entre Ríos también hay propuestas pendientes.
La tendencia atraviesa banderas partidarias: es impulsada por el peronismo riojano y bonaerense, el radicalismo, bloques provinciales patagónicos, legisladores aliados al oficialismo nacional y la gestión porteña del PRO. Entre los especialistas la discusión está lejos de cerrarse. La investigadora Diana Goldín, coautora de un informe sobre infancia y tecnología, advirtió que los estudios controlados «no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos». Un dato sostiene la preocupación: en Argentina, apenas el 18% de los chicos de ocho años no tiene acceso a un teléfono celular, según un informe de Argentinos por la Educación publicado en julio de 2026.