Todd Blanche sostuvo que el recurso busca garantizar la conservación de las boletas para determinar si los electores fueron confundidos. Organizaciones de derechos civiles impugnaron la medida.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió este sábado una demanda presentada por el Departamento de Justicia para frenar la certificación de los resultados electorales en Alaska si el candidato republicano pierde la contienda. La acción fue interpuesta a pedido del presidente Donald Trump, según declaraciones del propio mandatario.
En una publicación en su cuenta de la plataforma X, Blanche afirmó que el recurso busca garantizar que las boletas «se conserven de manera que solo las autoridades de Alaska tengan la información necesaria para determinar si los electores fueron confundidos o engañados».
La demanda, presentada el jueves, solicita de manera anticipada a los tribunales que suspendan la certificación de los resultados y permitan abrir una investigación si el candidato republicano Daniel S. Sullivan pierde los comicios del próximo 3 de noviembre. Sullivan, actual senador por Alaska, se enfrenta a la demócrata Mary Peltola, quien le aventaja por pocos puntos porcentuales en las últimas encuestas de intención de voto.
El recurso alega que la presencia de un tercer candidato, el independiente Daniel J. Sullivan, podría confundir a los votantes al marcar la papeleta. Por ello, el Gobierno pide a los tribunales que, si el republicano pierde, suspendan la certificación y ordenen revisar los votos emitidos a favor del independiente para determinar si los electores pretendían votar por el actual senador.
Los republicanos han intentado impedir que J. Sullivan, un maestro jubilado, participe en la contienda. Lo han calificado de «impostor» y acusado de colaborar con los demócratas, señalamientos que el candidato ha rechazado y para los que no han presentado pruebas.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y la campaña de Peltola presentaron una contrademanda en la que acusan al Ejecutivo de buscar injerir en unas elecciones administradas por el Gobierno estatal de Alaska y de llevar a cabo un «ataque a nivel nacional» contra unas elecciones libres. Las organizaciones calificaron la demanda original como un ataque «sin precedentes» contra la democracia.
El viernes, en declaraciones a periodistas en Florida, Trump reconoció que él mismo había pedido a Blanche que presentara el recurso. «Fui yo el que dije que debía hacerse», aseguró el mandatario.
Esta batalla legal se suma a otras actuaciones del Departamento de Justicia relacionadas con las elecciones de medio mandato. En California, la cartera amenazó con investigar a las autoridades electorales que no ayuden a identificar a personas sin ciudadanía estadounidense presuntamente inscritas para votar, pese a que diversos estudios señalan que el voto de no ciudadanos es «extremadamente infrecuente». Además, el Departamento de Justicia anunció en agosto que desplegará una cifra récord de 1.000 observadores federales en centros de votación de todo Estados Unidos este noviembre.
En las elecciones de medio mandato, conocidas como ‘midterms’ en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump. Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.