La administración de Javier Milei analiza cómo responder al reclamo del Departamento de Estado para que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no afecte a empresas estadounidenses, mientras una naviera chilena inaugura una ruta comercial hacia las islas y se registran diferencias internas en el Ministerio de Defensa.
El reclamo de Estados Unidos para que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional -conocida como Ley Malvinas- no afecte a las empresas norteamericanas fue oficializado en Buenos Aires por el segundo de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Christopher Landau. La Casa Rosada analiza cómo articular ese pedido, que proviene de la administración de Donald Trump.
Según fuentes oficiales, la opción de menor costo político sería que el proyecto se diluya en el Congreso, que tiene un mes de actividad oficial antes de que el Ejecutivo decida si convoca a extraordinarias. La otra alternativa es modificar la ley, lo que quedaría expuesto como consecuencia del planteo del Departamento de Estado.
En ese marco, el oficialismo aceptó modificaciones propuestas por aliados, especialmente en la creación del Consejo de Seguridad, ideado a imagen del organismo estadounidense. El Gobierno incorporó al Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva al Consejo y hubo una redefinición de roles entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.
Fuentes consultadas indicaron que hubo roces entre el ministro de Defensa, Carlos Presti, y su vice, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Puebla. Presti habría recibido un llamado de la secretaria de Legal y Técnica, María Irarzábal, para que describiera en un informe el papel de las Fuerzas Armadas en la nueva ley. Ante demoras, desde la Casa Rosada le pidieron el informe a Puebla, quien lo remitió sin tardanza. Cuando Presti se enteró, se produjo un cruce con su vice, que no habría pasado a mayores.
En paralelo, el 11 de noviembre el buque Danstar, de la firma chilena Easter Island Naviera, inaugurará una nueva ruta comercial marítima entre Chile y las Malvinas con carga logística destinada al abastecimiento de las islas. El buque utilizará el Estrecho de Magallanes antes de continuar su navegación hacia el Atlántico. Días atrás viajó a Punta Arenas el embajador británico en Santiago, David Concar, para confirmar la validación de Londres.
El hecho no pasó desapercibido para el Gobierno argentino. De manera reservada, el canciller Pablo Quirno habría intentado interceder a través del embajador en Chile, Jorge Faurie, para que la naviera no use la ruta del Estrecho de Magallanes sino el Pasaje Drake, y para que el buque se someta a una visita de inspección al entrar al Mar Argentino. La empresa rechazó esas solicitudes y también se negó a dar a conocer los detalles de la carga.
Desde Washington, Christopher Landau elogió al Gobierno argentino y sostuvo que no existe otro país con el que Estados Unidos esté tan alineado, al tiempo que vaticinó una «nueva era dorada» para el país. La apuesta estadounidense se concentra en inversión en energía, minerales críticos e infraestructura.
No obstante, las inversiones enfrentan dificultades. El Grupo México se bajó de la competencia por el Belgrano Cargas, lo que demora la extensión de líneas férreas para el transporte de minerales. En Añelo, Neuquén, conviven Vaca Muerta con una población que en un 50% usa garrafas para abastecerse. En Catamarca, la carrera de bioquímico no existe pese a la demanda proyectada por la minería. En el Sur, las empresas toman estudiantes de ingeniería industrial a mitad de carrera ante la falta de ingeniería en petróleo.
En Washington subyace la percepción de que el plan de inversiones continuará en la próxima administración, incluso si es demócrata, por el atractivo del negocio y la competencia con China por los recursos de América Latina. La Casa Blanca dispone de US$ 25-30 mil millones para la región, mientras que Beijing cuenta con US$ 124 mil millones.
El Gobierno y las compañías estadounidenses consideran que el RIGI es la mejor noticia porque un eventual gobierno de distinto signo político tendría que respetar esas reglas jurídicas para evitar juicios en tribunales de Estados Unidos y una crisis económica.