Durante el debate del Presupuesto 2027 en Diputados, funcionarios del Ministerio de Desregulación detallaron la reducción del 16% del empleo público desde diciembre de 2023 y anunciaron iniciativas regulatorias.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, informó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Gobierno nacional redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado desde diciembre de 2023, lo que representa una disminución del 16% de la dotación total del sector público. La exposición se realizó en el marco del debate del Presupuesto 2027.
Fariña detalló que casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a empresas públicas. Asimismo, indicó que la reducción continuó durante 2026, con cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre.
El funcionario señaló que uno de los mecanismos utilizados fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta el momento, 6.254 trabajadores aceptaron desvincularse mediante este sistema. Entre las dependencias con mayor cantidad de adhesiones mencionó ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1.000 retiros cada una; el INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600.
También se refirió al régimen de disponibilidad, una herramienta que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reorganizan organismos. Según indicó, durante 2025 unas 200 personas ingresaron a ese sistema, de las cuales 38 fueron reasignadas a otras dependencias.
En cuanto a la reorganización de estructuras, Fariña afirmó que el Gobierno pasó de 117 organismos nacionales a 91, una disminución del 22%. Además, se redujeron de 307 a 192 los cargos de autoridades superiores (ministros, secretarios y subsecretarios) y de 2.476 a 1.994 los puestos de alta dirección. Sostuvo que estas modificaciones representan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios de funcionarios y autoridades.
Como ejemplo, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1.543 a 176. “Nos encontramos con un cargo cada tres personas”, señaló en referencia a la estructura previa del organismo, que contaba con alrededor de 5.300 empleados. También destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Por otro lado, Fariña anticipó que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con el objetivo de unificar los mecanismos de pago, el control de ausencias y la detección de incompatibilidades. “Hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas y diferentes software”, explicó. Según sostuvo, esa fragmentación dificulta el control y la auditoría del empleo público.
Asimismo, destacó que el Gobierno eliminó la obligación de comprar combustible exclusivamente a YPF y abrió la contratación a otras petroleras mediante licitaciones competitivas. Estimó que el nuevo esquema permitirá ahorrar $7.000 millones en 2027.
En tanto, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que se prepara una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario. “Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, mencionó una resolución que modificó los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación. La iniciativa se negocia con entidades rurales, productores y empresas semilleras nacionales e internacionales, con la intención de alcanzar un consenso antes de enviarla al Congreso.
Cacace también defendió la política de desregulación del Gobierno y sostuvo que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas. “El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no es por los aranceles, sino por las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que tenemos que impiden el comercio”, afirmó. En ese sentido, destacó la eliminación de controles duplicados para facilitar el ingreso de productos autorizados en países con organismos reguladores reconocidos.
Como ejemplo de los resultados de esa política, señaló que, tras la derogación de una resolución de 2012 que restringía el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, según las cifras que presentó. El funcionario vinculó esa reforma con nuevas inversiones, entre ellas la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en la Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que contempla inversiones por US$8.000 millones para los próximos años.
Finalmente, anticipó que el Gobierno continuará revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.
Respecto al Presupuesto 2027, el oficialismo mantiene conversaciones con aliados y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con la intención de llegar a un texto en común y sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron referentes de dos bloques diferentes que suelen votar junto al Gobierno, según consignó LA NACION. Se espera que las negociaciones presupuestarias continúen a lo largo de toda la semana.