Una investigación judicial en Río Gallegos indaga si el empresario, condenado a 15 años de prisión, utilizaba el teléfono del penal de Ezeiza para dirigir una red de unas doce personas que explotaba propiedades sujetas a decomiso. Se registraron movimientos por más de 390 millones de pesos en ocho meses.
La Justicia Federal de Río Gallegos investiga a Lázaro Báez, quien cumple una condena de 15 años de prisión, por presuntamente liderar desde la cárcel de Ezeiza una organización dedicada a administrar bienes alcanzados por decomiso. La causa, caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”, se originó el 25 de septiembre a partir de información obtenida de comunicaciones telefónicas de uno de los imputados con Báez.
Según el resumen de la causa al que accedió el medio La Nación, en el expediente se registraron 677 operaciones por un total de 380.620.089 pesos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026. La investigación fiscal sostiene que el empresario daba órdenes utilizando el teléfono fijo del pabellón donde está detenido, y que por debajo de él se encontraban su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y al menos diez personas más.
El martes pasado se allanó la celda de Báez y se lo dejó incomunicado. Fuentes judiciales indicaron que durante el registro se hallaron cuadernos con descripciones de movimientos de dinero sobre campos, departamentos y otros inmuebles sujetos a decomiso. En paralelo, se realizaron 27 allanamientos en El Calafate, Río Gallegos, dos estancias y la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de dos causas conexas que investigan narcotráfico y lavado de dinero.
En el aeropuerto de Ezeiza fueron detenidos y quedaron incomunicados Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez con su pareja, cuando arribaban de un vuelo procedente de Río Gallegos. Se les secuestraron cuatro valijas grandes. El juez federal Claudio Vázquez evaluó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que dispuso las detenciones y ordenó continuar con los allanamientos simultáneos solicitados por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La investigación por narcotráfico que dio origen a esta causa se vincula con la de lavado por tres elementos: el uso de un Ford Mondeo propiedad de Báez; el relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria “del tío Lázaro” en la provincia de Corrientes; y el secuestro de un camión Scania el 24 de septiembre en el puesto policial de entrada a Río Gallegos con documentación falsa.
La fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas, la inhibición general de bienes y la declaración de caso complejo. La calificación provisional tipifica los delitos como asociación ilícita, lavado agravado, insolvencia fraudulenta y defraudación.