La empresa debe reincorporar a los 80 operarios de convenio y pagarles el sueldo durante 15 días. El sindicato sostiene que no les asignan funciones y lo denunciará en la audiencia del viernes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó el martes una conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto por el cierre de la planta de Bunge en Campana. La medida, firmada por la delegación regional de Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense con base en los artículos 30 a 34 de la Ley 10.149, obliga a la empresa a reincorporar a los trabajadores despedidos y a pagarles el sueldo mientras continúen las negociaciones.
Según Oscar Casco, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, la fábrica tenía 137 empleados en relación directa con Bunge. De ellos, 80 estaban bajo convenio y representados por el sindicato. Todos fueron despedidos el 26 de octubre, cuando la empresa anunció el cierre.
“Son 137 familias las que se ven afectadas de forma directa, y alrededor de 250 de manera indirecta”, afirmó Casco. Y agregó: “No nos interesa el dinero, nos interesa la fuerza de trabajo andando, por nosotros y por todo el sistema”.
La resolución ordena a Bunge “retrotraer los despidos de la totalidad de los trabajadores convencionados al momento anterior de la iniciación del presente conflicto” y le intima a no tomar “represalias de ningún tipo” contra el personal representado por el sindicato. Durante la conciliación, la compañía deberá volver a asignarles tareas a los 80 operarios de convenio y pagarles lo que les corresponde.
De vuelta en la fábrica, pero sin tareas
Los trabajadores se presentaron en la planta a la medianoche del martes. Entraron a un sector fuera del área de producción y cumplieron el turno noche y el diurno. Según el sindicato, la empresa debía regularizar este miércoles todos los servicios para el personal: atención médica, farmacia, transporte, comida y refrigerios. La producción no se reinició; la planta ya estaba parada cuando Bunge anunció el cierre definitivo.
Casco sostuvo que la empresa está violando la parte del acta que la obliga a darles tareas: los operarios están dispersos dentro del predio y no tienen ninguna función asignada. El gremio lo denunciará en la audiencia del próximo viernes 20. El dirigente aseguró que, mientras se cumpla lo que dice la resolución, el sindicato respetará su parte y no hará más manifestaciones hasta nuevo aviso.
Sobre la posibilidad de que la fábrica vuelva a producir, señaló: “Que vuelva a abrir es una esperanza, no depende de nosotros. Depende de la voluntad de la empresa. Nosotros queremos que pongan la planta en marcha, ver en qué podemos ayudar, qué podemos hacer y a quién podemos acompañar para poder poner la fuerza de trabajo a disposición”.
Tres audiencias sin acuerdo
La Provincia dictó la conciliación después de tres audiencias que no terminaron en acuerdo. La última fue el lunes. El sindicato pidió que se restituyan los puestos de trabajo. Bunge, en cambio, ratificó todos los despidos y sostuvo que el cierre es definitivo. El ministerio advirtió la “existencia cierta de la alteración a la paz social” y calificó el conflicto como de “extrema gravedad”.
En el acta también se ordenó al sindicato dejar de manifestarse en la ciudad de Campana y en los portones de la planta, medida que el gremio indicó que cumplirá al menos hasta la próxima audiencia.
Sobre el cierre
La planta de Campana funcionó durante 50 años. Era de Bunge, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) tenía el 17,5% de la producción. Allí se fabricaban amoníaco y tiosulfato de amonio, dos insumos clave para la industria de agroquímicos y fertilizantes.
La empresa explicó que la decisión de cerrar la fábrica fue tomada luego de “un extenso proceso de análisis y de la evaluación de distintas alternativas operativas y comerciales”. Entre los factores que inclinaron la balanza, señaló las limitaciones de infraestructura, el atraso tecnológico de la planta y los cambios en las condiciones del mercado, que dificultaron sostener la operación en el tiempo.
Según fuentes sindicales, durante las reuniones les comunicaron que la producción había perdido competitividad frente a los productos importados, en particular los provenientes de China, cuyos precios presionaban sobre la industria local. A este escenario se sumaban los elevados costos fijos que implicaba mantener la fábrica en funcionamiento y las dificultades para acceder a una materia prima clave para el proceso industrial. Hasta el momento, este medio no obtuvo respuesta por parte de la empresa.
