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CAME solicita la aprobación de la Ley de Biocombustibles mientras sigue trabada en Diputados

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió la sanción de la nueva Ley de Biocombustibles para impulsar inversiones y empleo en las PyMEs agroindustriales. El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, no logró quórum en la Cámara de Diputados el 19 de noviembre en medio de desacuerdos por el porcentaje de biodiésel en el gasoil y por el Presupuesto 2027.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó la aprobación de la nueva Ley de Biocombustibles con el objetivo de impulsar inversiones, empleo y desarrollo de las PyMEs agroindustriales. El pedido fue realizado el 18 de noviembre, un día antes de que la Cámara de Diputados fracasara en su intento de sesionar.

El 19 de noviembre, la sesión convocada en Diputados no alcanzó el quórum necesario. Legisladores alineados con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ingresaron al recinto pero permanecieron de pie. A las 12.31, con 126 diputados sentados y tres bancas pendientes de cubrir, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la convocatoria. El proyecto de biocombustibles no figuraba en el temario de la sesión, pero las diferencias en torno a su tratamiento se sumaron a los desacuerdos por el Presupuesto 2027 y el Consejo de la Magistratura.

En su comunicado, CAME sostuvo que la sanción de la ley permitiría agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y fortalecer las cadenas agroindustriales. La entidad afirmó que contar con reglas claras y previsibilidad resulta indispensable para aprovechar la disponibilidad de materias primas del país, ampliar mercados e incorporar tecnología. También destacó que el desarrollo de los biocombustibles puede generar nuevas oportunidades laborales y contribuir a una matriz energética más diversificada.

Uno de los principales obstáculos para avanzar con la reforma es el porcentaje de biodiésel que deberá incorporarse obligatoriamente al gasoil y la participación de las plantas productoras independientes. El proyecto aprobado por el Senado establece mantener inicialmente el corte vigente del 7,5% y elevarlo al 10% un año después de la sanción. Distintos bloques de Diputados impulsan modificaciones: el PRO, la UCR y el MID propusieron aumentar el corte obligatorio al 11% y extender hasta 2038 el cupo reservado a las plantas no integradas, mientras que desde el peronismo plantearon elevarlo al 12,5% y preservar la participación de esas empresas. Por cada 1.000 litros de gasoil, el contenido actual de biodiésel es de 75 litros, pero pasaría a 100, 110 o 125 litros según la alternativa que se apruebe.

En declaraciones al medio Surtidores, el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, vinculó la falta de quórum con las diferencias entre las provincias y el Gobierno nacional. «Hubo una serie de provincias que habitualmente acompañaban al Gobierno, que en este caso no lo hicieron», señaló. El legislador también cuestionó la distribución de los recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, una discusión relacionada con los reclamos provinciales de financiamiento para obras viales.

La reforma también contempla un sistema de subastas para las compras de biocombustibles destinadas a cumplir con las mezclas obligatorias. El impacto de los nuevos porcentajes sobre el costo de reposición del gasoil dependerá de los precios que paguen las mezcladoras y de cuánto trasladen los proveedores a las estaciones de servicio. CAME insistió en que los consensos alcanzados entre las provincias, las industrias y los distintos actores de la cadena productiva deben traducirse en una legislación que acompañe el desarrollo de las economías regionales.

La discusión también involucra al proyecto 1828-D-2026, presentado por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez y acompañado, entre otros, por Gisela Scaglia, Juan Schiaretti y Juan Brügge. La iniciativa busca modificar el régimen establecido por la Ley 27.640, que regula los porcentajes mínimos de bioetanol en las naftas y biodiésel en el gasoil, además de los mecanismos de asignación de volúmenes y precios. Su objetivo es establecer condiciones de previsibilidad para atraer inversiones a una actividad con fuerte presencia productiva en Córdoba y Santa Fe. El proyecto propone modificar los porcentajes obligatorios de mezcla, incorporar el autoconsumo de biocombustibles y cambiar las condiciones para habilitar empresas. También plantea reformular los mecanismos de fijación de precios y volúmenes, junto con la creación de un sistema único de licitaciones. La iniciativa permanece en comisión desde julio, con giro a Energía y Combustibles, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, sin haber obtenido todavía un dictamen.

La falta de avances legislativos se produce en medio de las diferencias entre el Gobierno nacional y los legisladores vinculados con las provincias productoras, que también mantienen reclamos relacionados con el Presupuesto 2027. Aunque la reforma de biocombustibles no integraba el temario de la sesión frustrada, el desacuerdo sobre el futuro de la actividad se sumó a las negociaciones políticas que impidieron alcanzar el quórum necesario para avanzar con otros proyectos.

CAME volvió a reclamar que el Congreso transforme los consensos entre provincias, productores e industrias en una nueva legislación. La entidad considera que un marco regulatorio actualizado permitiría fortalecer a las pymes agroindustriales, generar empleo y ampliar las inversiones en las economías regionales. Las diferencias sobre los porcentajes de mezcla, la participación de las plantas independientes y las negociaciones presupuestarias mantienen abierta la discusión sobre cuándo podrá avanzar la reforma.

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