“Todos somos jubilados” decían muchas de las convocatorias a la masiva movilización de este miércoles, en referencia a que es sólo cuestión de tiempo para llegar a la edad de retiro. A partir de este 23 de marzo, el Gobierno pretende quitarle ese derecho a millones de personas al no renovar (como había anunciado) la moratoria previsional, ya que el 85% de las personas en edad de jubilarse no cuenta con el conjunto de los aportes necesarios.
A tal punto llega la decisión de Milei de hacer pagar el ajuste a los jubilados y jubiladas que mientras afuera del Congreso de la Nación, la gendarmería nacional y policías reprimían a los manifestantes; adentro del recinto, Martín Menem, aprovechó el tumulto generado por sus propios diputados y diputadas para levantar la sesión de manera autoritaria, cuando había quórum para seguir con un temario que podía incluir la prórroga en la moratoria jubilatoria.
Las organizaciones de jubilados confirmaron que volverán a protestar frente al Congreso de la Nación el próximo miércoles 19 de marzo, el último miércoles antes de que venza el plazo de vigencia de la moratoria. Está en juego no sólo el bajo nivel de ingresos a los que el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende condenar a los adultos mayores, sino incluso la posibilidad de acceder a una jubilación mínima.
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La Ley N° 27.705, esto es, la ley de moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada, luego de superar las trabas que puso el gobierno peronista, en marzo de 2023, contiene la posibilidad de ser prorrogada por otros 2 años. Pero La Libertad Avanza y sus aliados que van desde el PRO hasta sectores del peronismo, pasando por el radicalismo, se niegan a aprobar la extensión del plazo. No es casual, esa ley fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional en repetidas ocasiones por no facilitar el recorte de las partidas destinadas al sistema previsional.
Como viene haciendo explícito Patricia Bullrich, el poder ejecutivo tiene otras prioridades, como garantizar la represión a quienes expresan una bronca creciente con el oficialismo. Sólo unas horas más tarde de la masiva marcha, cuando todavía había una concentración en la Plaza de Mayo, se publicó un decreto para destinar más de $7.300 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia, incluyendo más de $1.600 millones para gastos reservados. Ajustan a los jubilados y financian más espionaje y operaciones contra la protesta social.
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Sin una nueva moratoria previsional, quienes están en edad de jubilarse pero no alcanzan los 30 años de aportes, se verán obligados y obligadas a recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): que eleva la edad jubilatoria en los hechos para los mujeres a los 65 años, y con un haber más bajo, del 80% de la jubilación mínima. El valor de la PUAM en marzo es de $293.300 (el haber mínimo es de $349.000, en ambos casos se incluye el bono de $70.000 que se encuentra congelado).
Si las personas próximas a jubilarse hoy no pueden hacerlo y necesitan una moratoria, no fue por elección, es por haber trabajado en la informalidad o por haber estado en ciertos períodos desempleados. También, por haber realizado tareas como las de limpieza, cocina, cuidado de niños, enfermos y personas mayores, etc, en su mayoría tareas hechas por mujeres que no fueron reconocidas ni remuneradas, porque en el sistema capitalista patriarcal está naturalizado que las mujeres las realicen sin ser compensadas.
La crisis del sistema previsional es responsabilidad del FMI y los gobiernos de las últimas décadas
En el último Informe de Estadísticas de la Seguridad Social que elabora el Anses, publicado en septiembre de 2024, se puede ver la grave situación del sistema previsional. Allí afirman que: «hubo un total de 7.836.722 beneficiarios de jubilaciones y pensiones», de todos ellos, «el 78% tiene al menos un beneficio del SIPA (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), mientras que el 22% restante tiene solo beneficios no contributivos» (pensiones por invalidez y otras), y que dentro de los beneficiarios del SIPA: «un 64% tiene beneficios a los que accedió por moratoria o plan de pago de deuda previsional, mientras que el 36% restante corresponde a beneficios contributivos puros».
Las cifras son el resultado acumulado de décadas de aumento del trabajo no registrado y de quitas a los aportes patronales. Si tenemos en cuenta que 6 de cada 10 jubilados o pensionados actuales accedió por moratoria y se estima que entre 8 y 9 de cada 10 sólo podrían hacerlo por esta vía, podemos observar el deterioro creciente de las condiciones laborales.
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Las moratorias son sólo un paliativo que no resuelven el problema de fondo debido a sus múltiples límites. Estas formas de acceder a una jubilación, ponen la carga en el trabajador o trabajadora, al que le hacen pagar con un descuento en su haber algo que en realidad no es su responsabilidad sino el de las propias empresas que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios. Incluso ese descuento estuvo encubierto detrás de los menores salarios percibidos por no estar registrados.
El problema de fondo es que el sistema previsional está desfinanciado en función de los intereses de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Además del fraude laboral y la quita de aportes patronales impulsada por Cavallo y Menem, hay que agregar el crecimiento del monotributo y los beneficios tributarios a las empresas, como el último blanqueo de capitales que permitió a los empresarios evadir los impuestos aplicables a miles de millones de dólares.
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Es necesaria y urgente una moratoria previsional hoy. Pero esto sólo es insuficiente si no se aborda también una discusión de cómo elevar los recursos del sistema, cómo aplicar un verdadero blanqueo laboral, cómo recomponer los haberes y restituir el 82 % móvil, entre otras primeras medidas para garantizar un sustento digno para el conjunto de los adultos mayores.
El Gobierno se muestra cada vez más autoritario y represivo para intentar sostener el ajuste en medio de graves crisis políticas como la criptoestafa de $LIBRA. Este miércoles la movilización persistente de los jubilados y jubiladas pegó un salto logrando el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Mientras Milei busca salvar su plan económico haciendo pasar por decreto un nuevo acuerdo con el FMI, la lucha en las calles muestra el camino para ponerle un freno a los planes de ajuste.