El equipo económico necesita que los ahorristas saquen los dólares del colchón y apura el tratamiento legislativo para blindar la medida y darles un incentivo a los argentinos a que utilicen el dinero no declarado dentro de la economía. Esta semana el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal para darle un seguro a la gente que “mueva el canuto”.
A pesar del apuro por parte del oficialismo para poder blindar el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos” y darles un incentivo a los ahorristas para que ingresen dinero no declarado al sistema y así remonetizar la economía, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el proyecto no obtendrá una sanción “antes de quince días”. En declaraciones a radio Rivadavia, Menem expresó: “Vamos a trabajar para sacar un dictamen en la comisión y ver cómo hacemos para conseguir el quórum y los consensos necesarios para la media sanción. Lleva un tiempo entre la comisión y lograr los consensos para llevarlo al recinto de sesiones”.
Uno de los puntos que contempla el proyecto que pretende reformar el Régimen Penal Tributario y Ley 11.683 es la suba de los umbrales para establecer la tipificación del delito de “evasión fiscal”, que pasaría el monto mínimo por impuesto y por ejercicio anual pasar de $ 1,5 millones a $ 100 millones, para el caso de “evasión simple”, mientras que para que se considere “evasión agravada” ya no sería para los montos que superen los $ 15 millones, sino $ 1.000 millones.
“Esto significa que, de alrededor de 7 mil causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200”, señaló al respecto el titular de ARCA (ex-AFIP), Juan Pazo.
“Durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y evasión impositiva. Así llegamos a un extremo ridículo en el cual el empleo formal no creció por 14 años, el 50% de la economía está en negro y alguien que compraba 200 dólares era tratado como Al Capone”, dijo el diputado José Luis Espert, en el anuncio que se realizó en Casa Rosada.
A su vez, se introducen modificaciones en materia de regularización de deudas, así el fisco no hará una denuncia penal si se cancelan los pagos e intereses antes de que se formule la demanda. “Regularizar después de la denuncia costará 50% extra. Beneficia a quienes regularizan temprano. Mientras que antes bastaba con el pago total de la obligación más intereses antes de la denuncia, ahora se introduce un régimen más estricto”, señaló Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económico (Cepec).
También propone una declaración simplificada para ingresos menores a $ 1.000 millones, con una presunción de validez automática, efecto liberatorio inmediato, “pero sin derecho a defensa si ARCA encuentra discrepancias superiores al 15%. El objetivo son los pequeños contribuyentes. La norma busca aliviar la carga impositiva de estos actores”, agregaron desde el Cepec.
Por otro lado, mientras se lleva a cabo una flexibilización en los controles fiscales, se impone una sanción mayor por presentar una declaración jurada fuera del plazo establecido: las multas oscilarán entre $ 220.000 y $ 440.000.
“En conclusión, se apuesta a simplificar para cumplidores y endurecer controles para evasores”, añadió Anzalone. En tanto, un tributarista comentó a PERFIL: “Una de las ventajas es la poca información que solicitará ARCA, entre otras no será requisito presentar datos sobre el patrimonio al inicio ni final del periodo en ejercicio, como tampoco los consumos. Sí los ingresos gravados y gastos deducibles. No es un blanqueo, es un tapón fiscal. Es solo para contribuyentes del régimen simplificado de ganancias, no monotributistas ni grandes contribuyentes”.