La asociación civil Consenso Patagonia señaló que persisten múltiples ocupaciones de tierras rurales, incluso en casos con sentencias firmes, y alertó sobre la falta de ejecución de las órdenes judiciales por parte de las autoridades.
En medio de un escenario de conflictos territoriales que persiste en distintas zonas de la Patagonia, la organización Consenso Patagonia advirtió que continúan vigentes múltiples usurpaciones de tierras rurales y alertó sobre la falta de acción de los poderes del Estado, incluso en casos donde ya existen sentencias judiciales firmes que ordenan desalojos.
Desde la entidad remarcaron que hay establecimientos productivos ocupados parcial o totalmente y productores que dejaron de trabajar parte de sus campos por temor a robos, daños o vandalismo. «La conflictividad territorial luego del cambio de gestión de gobierno no disminuyó; los conflictos siguen estando latentes y ninguno se ha solucionado», sostuvo Juan Andrés Trebino, director ejecutivo de Consenso Patagonia.
La organización, nacida en 2021 impulsada por productores preocupados por el avance de tomas de tierras públicas y privadas en la región, trabaja actualmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, donde realiza monitoreo territorial, asistencia legal y elaboración de propuestas de política pública.
Trebino señaló que, durante años, la situación avanzó en un contexto de inacción oficial. Además, indicó que en distintos casos grupos se constituyeron como comunidades indígenas para reclamar tierras sin serlo. «Muchos se arrogaban o constituían falsamente comunidades indígenas, las inscribían y bajo ese paraguas salían a tomar tierras», afirmó.
El directivo advirtió sobre una falsa percepción social de que las usurpaciones frenaron con el cambio de gestión política a nivel nacional. «La totalidad de los conflictos territoriales y las usurpaciones que existían con la gestión anterior están vigentes actualmente y la mayoría de ellas están mucho más crispadas y tensas», sostuvo.
Uno de los puntos más graves que señaló la entidad es la falta de cumplimiento de decisiones judiciales firmes. «Las resoluciones judiciales que se dictan no se cumplen por el poder ejecutivo de turno», denunció.
Actualmente, Consenso Patagonia tiene monitoreados más de 25 casos emblemáticos en las tres provincias patagónicas, aunque estiman que la cifra real es mayor porque muchos propietarios no denuncian o abandonan la pelea judicial.
Uno de los casos mencionados es el de María Broers, propietaria de un campo entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, que permanece ocupado desde hace más de 10 años. En esa causa, según explicó Trebino, ya existen fallos firmes del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la orden de desalojo no se ejecuta.