Funcionarios bonaerenses y jefes comunales peronistas se reunieron con la cúpula de la Iglesia católica para abordar la crisis social y acordar una mesa de diálogo intersectorial.
En un encuentro encabezado por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y el obispo Carlos Tissera, funcionarios bonaerenses e intendentes peronistas expresaron su preocupación por el agravamiento de la situación social en el Gran Buenos Aires y otros conurbanos del país. Los jefes comunales reiteraron las advertencias que ya habían planteado ante los ministerios de Economía y Capital Humano, sin ser recibidos, sobre el aumento de la demanda de asistencia y el deterioro de las condiciones de vida de la clase media.
A la reunión asistieron Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura bonaerense), el legislador provincial Mariano Cascallares, y los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó), entre otros. Durante el encuentro, se acordó avanzar con una mesa de diálogo intersectorial coordinada por la Iglesia, que integrará a dirigentes del empresariado, organizaciones sociales, sindicatos, docentes y distintos espacios políticos.
“Tenemos una caída fuerte de la recaudación, con el desplome de la coparticipación y la actividad económica, y un aumento de la demanda de asistencia que hace que todos los días estemos atajando penales. Todo se va haciendo insostenible, no sabemos cuánto va a aguantar”, transmitió uno de los presentes. “Todos los conurbanos del país atraviesan una situación muy delicada y el Gobierno sigue en su isla de la fantasía, sin conexión con la gente. Es el peor de los escenarios”, señaló Espinoza, titular de la Federación Argentina de Municipios.
Según fuentes del encuentro, los intendentes no vislumbran un estallido social inminente, pero advierten sobre una “implosión” con crecimiento de adicciones, violencia intrafamiliar y trastornos de salud mental. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof suspendió por 90 días el programa alimentario MESA en escuelas públicas bonaerenses, lo que generó cruces con La Cámpora, mientras que el senador Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia. Desde la Gobernación replicaron que aumentaron un 30% el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y reforzaron otros planes de asistencia.
En la misma jornada, la Conferencia Episcopal también se reunió con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y con la diputada libertaria Juliana Santillán para tratar el vínculo de la Iglesia con Cancillería y el ministerio de Capital Humano. Otro punto de coincidencia entre la jerarquía eclesiástica y los dirigentes peronistas fue el rechazo a la disolución de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), creada en 2018 para urbanizar barrios populares. “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. ¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, reclamó el arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas.
A fines de abril, Colombo ya había cuestionado al Gobierno por desmantelar la SISU durante una misa al aire libre en un barrio popular de La Matanza, donde denunció la “ausencia del Estado” y el consiguiente “avance del narcotráfico”.