La ONG Human Rights Watch señaló que contratistas militares privados colombianos, contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, fueron desplegados en Sudán para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido.
La organización Human Rights Watch (HRW) informó este martes que contratistas militares privados colombianos, supuestamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), pasaron por bases militares de ese país antes de ser desplegados en Sudán para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
“EAU está ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra”, sostuvo HRW en un comunicado que acompaña el informe titulado ‘De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán’.
Según el informe, desde 2024 la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, contrató a cientos de contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF, que combaten contra las Fuerzas Armadas sudanesas.
La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, afirmó que existe “un creciente conjunto de evidencias de que EAU brinda apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, a las que atribuyó la comisión “repetida” de “crímenes atroces” en Sudán. Segun instó a los gobiernos del mundo a “exigir públicamente” que EAU “deje de suministrar armas, equipo, personal y otro tipo de apoyo militar” a las RSF.
El informe indica que la campaña de reclutamiento estuvo dirigida por entidades privadas. Los reclutas “pasaban por una base militar de EAU en Giyazi y lo que parece ser una instalación militar en Al Wazba”, ambas en el Emirato de Abu Dabi. Un contratista militar colombiano declaró a HRW que al llegar a EAU “se saltó los controles de inmigración” y fue trasladado a una base donde recibió entrenamiento de ciudadanos emiratíes.
La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán surgió de vídeos difundidos en redes sociales en noviembre de 2024. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados, una coalición aliada con el Ejército sudanés, interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado a Sudán desde Libia.
HRW verificó y geolocalizó vídeos que mostraban a contratistas militares privados de origen extranjero, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la toma de la ciudad por las RSF en el otoño de 2025. La ONG agregó que los residentes fueron blanco de abusos generalizados, incluyendo asesinatos, violaciones, hambruna y ataques contra personas con discapacidad.
Seis testigos afirmaron haber visto a combatientes extranjeros “blancos” en el lugar de los asesinatos masivos cometidos por los paramilitares. Según el comunicado, vestían el mismo equipo de protección que se observa en los vídeos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
Otro contratista colombiano consultado por HRW manifestó haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos cerca de Nyala, en el oeste de Sudán, utilizados como base principal en Darfur del Sur. El entrevistado aseguró que “muchos reclutas eran niños pequeños”.
El Derecho Internacional prohíbe el reclutamiento o la utilización de menores en conflictos armados, y constituye un crimen de guerra reclutar a un niño menor de 15 años. El secretario general de la ONU, António Guterres, verificó al menos 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las RSF en 2024, lo que llevó a incluir al grupo en la “lista de la vergüenza” de Naciones Unidas por “graves violaciones” contra niños en conflictos armados.
EAU negó haber brindado apoyo militar a las RSF y afirmó que su asistencia es humanitaria. HRW cuestionó ese argumento al sostener que “las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí, y específicamente en propiedades gubernamentales y bases militares”, al tratarse de un “Estado autoritario altamente centralizado”.
HRW afirmó haber compartido resúmenes de sus conclusiones con GSSG y con las autoridades emiratíes sin obtener respuesta. La ONG instó al Consejo de Seguridad de la ONU a “pedir a su grupo de Expertos sobre Sudán que investigue a GSSG, incluido Mohamed Hamdan al Zabi, por su aparente papel de apoyo a las RSF en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004 sobre Darfur”.
También urgió al Consejo a investigar a otras empresas privadas que podrían estar ayudando a las RSF e imponer sanciones. Asimismo, abogó por que la Unión Europea y la Unión Africana investiguen a la empresa de seguridad y a Al Zabi “con miras a adoptar sanciones específicas”.
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, declaró Segun, y urgió a los “gobiernos a nivel global” a “dejar de aceptar las negativas poco creíbles de EAU respecto a su apoyo a las RSF” y a “poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.