El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la formación de un equipo interinstitucional que elaborará un informe técnico, económico y ambiental sobre la mina Cobre Panamá, cerrada desde noviembre de 2023 tras un fallo de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el 28 de noviembre de 2023 la inconstitucionalidad del contrato de concesión de la mina de cobre Cobre Panamá, ubicada en Colón, Panamá, y operada por la filial local de la canadiense First Quantum Minerals. La decisión, tomada de forma unánime, marcó el cierre de una de las minas más grandes de la región, tras semanas de movilizaciones sociales y un debate nacional sobre el modelo extractivo, el impacto ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales del país.
La Corte Suprema fundamentó su fallo en la ausencia de garantías ambientales robustas y en la violación de la Ley 287, conocida como la Ley de Derechos de la Naturaleza, aprobada en febrero de 2022.
Este jueves 4 de junio, el presidente José Raúl Mulino dijo en un mensaje a la nación que ha dado instrucciones para conformar un equipo interinstitucional que elaborará un informe sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dirigirá el equipo interinstitucional, en compañía de sus pares Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.
Con anterioridad, Moltó había declarado a los medios que a finales de mayo se tendrían los resultados finales de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá, un documento que será determinante para definir el futuro de la operación minera suspendida desde noviembre de 2023. El ministro de Comercio e Industrias manifestó en esa oportunidad que el Ejecutivo mantenía la postura anunciada previamente por Mulino, de esperar el cierre completo del proceso técnico antes de tomar cualquier decisión sobre la mina.
Este jueves, el mandatario explicó que el equipo interinstitucional consultará las opiniones de expertos en temas jurídicos, técnicos, económicos y medioambientales para determinar el futuro de la mina bajo información clara y objetiva, con datos concretos. “He sabido lo que la improvisación causó, lo que la falta de información clara generó en la sociedad. Entonces, dando los pasos en el sentido correcto, tendremos un informe concreto y serio”, apuntó el mandatario, de acuerdo con una nota de prensa de la presidencia de la República. “De la misma manera que se hizo con los puertos, trabajaremos con responsabilidad, escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia para tomar las mejores decisiones a favor del país y de su gente”, enfatizó.
En noviembre de 2023, el máximo tribunal consideró que el contrato minero no cumplía con estos estándares, al carecer de medidas preventivas estrictas para evitar daños ambientales. El proceso judicial se desarrolló en medio de un contexto social marcado por protestas masivas en todo el país, donde organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y sectores académicos lideraron manifestaciones que bloquearon vías principales y demandaron el cese de la explotación cuprífera. Los opositores al proyecto minero denunciaron la degradación de los bosques lluviosos de la costa, fuentes de agua dulce esenciales para la región, y afectaciones a la biodiversidad y a la salud de las poblaciones locales.
La mina Cobre Panamá representaba un pilar económico para el Estado panameño, ya que aportaba más del 1% de la producción mundial de cobre y generaba miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, según reporte de Business & Human Rights Resource Centre, la Corte Suprema concluyó que la concesión infringía más de 20 artículos de la Constitución panameña, entre ellos los relativos a la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la protección ambiental. La presidenta del tribunal en ese momento, María Eugenia López, indicó que la decisión implicaba la eliminación total del contrato del sistema regulatorio nacional y la obligación del Estado de velar por un cierre seguro y ordenado de las operaciones. El presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) anunció el inicio del proceso de clausura.