El máximo tribunal resolvió que el Poder Judicial no puede revisar las decisiones del Secretario de Seguridad Nacional sobre el Estatus de Protección Temporal. El fallo impacta a miles de migrantes latinos.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, tras una votación de seis a tres, que el Poder Judicial no puede revisar las decisiones del Secretario de Seguridad Nacional sobre la creación, extensión o finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS). Con este fallo, el gobierno obtiene respaldo para continuar con el proceso de cancelación de este beneficio migratorio.
Qué cambia para los migrantes latinos bajo TPS tras el fallo de la Corte Suprema
El reciente fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto medidas adoptadas por tribunales inferiores que habían impedido temporalmente la implementación de las cancelaciones del TPS para ciudadanos de Haití y Siria. La resolución también modifica el panorama para miles de migrantes latinos que permanecen legalmente en Estados Unidos y ahora enfrentan un proceso que podría derivar en la pérdida de ese estatus.
La mayoría del tribunal interpretó que la legislación que regula el TPS establece una prohibición expresa para que los jueces analicen las determinaciones relacionadas con la designación, renovación o terminación del beneficio. Según esa lectura, la restricción alcanza tanto a la resolución final como a las actuaciones previas que forman parte del proceso.
Como resultado, las decisiones administrativas del gobierno de Trump podrán ejecutarse de manera inmediata. Si bien esto impacta directamente a TPS de Haití y Siria, sus efectos podrían extenderse a países latinoamericanos bajo el programa de protección como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
En varios de esos casos, las designaciones permanecieron vigentes durante décadas mediante renovaciones sucesivas. Además de esas naciones, el programa TPS alcanza actualmente a Afganistán, Birmania (Myanmar), Camerún, Etiopía, Líbano, Nepal, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen. Parte de esas designaciones ya se encuentra bajo revisión por parte del gobierno federal.
Consecuencias para el estatus migratorio y laboral
Una vez que las cancelaciones entren en vigor, los beneficiarios perderán la autorización para trabajar otorgada por el TPS y dejarán de contar con la protección frente a procesos de deportación.
“Esto también significa que, si bien estos haitianos trabajaban y contribuían a nuestra comunidad y economía ayer, hoy es ilegal emplearlos”, dijo el gobernador de Ohio, Mike DeWine, en un comunicado retomado por CNN. Según explicó el gobernador, la situación tendrá efectos sobre los empleadores, que no podrán mantener contrataciones amparadas por permisos de trabajo vencidos. La transición dependerá de los plazos fijados por el DHS para cada país.
Abogados especializados recomendaron que los migrantes no esperen el vencimiento de sus documentos para iniciar gestiones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Cada caso deberá analizarse de manera individual para determinar si existen otras vías legales, entre ellas solicitudes de asilo u otros beneficios migratorios.
“No espere a ser arrestado por ICE para pensar en esto”, indicó a CNN Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio. “El sistema de inmigración es muy lento. Es muy difícil lograr algo de emergencia a último minuto”, señaló.
Las críticas a la decisión de la Corte Suprema
Los tres jueces que votaron en contra sostuvieron que el gobierno debía cumplir procedimientos obligatorios antes de poner fin al TPS y consideraron que esos requisitos podían ser revisados por los tribunales. También señalaron que existían elementos que merecían un análisis adicional sobre posibles actos discriminatorios.
“El estatuto insiste en consultas sobre si las condiciones del país son seguras, no sobre si poner fin al TPS plantea ‘preocupaciones de política exterior’”, explicó la jueza Elena Kagan. “Las declaraciones gritan claramente, tanto en sus matices como en sus tonos raciales, que la raza entró en la resolución del presidente de expulsar a los haitianos de este país”, señaló.
Tras conocerse la sentencia, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) manifestó su rechazo y advirtió que la resolución permite eliminar designaciones del TPS sin un control judicial posterior. La entidad pidió al Congreso avanzar con una solución permanente para quienes llevan años como residentes legales de Estados Unidos.
“La decisión no es simplemente un revés legal; es una pérdida catastrófica”, dijo el presidente de AILA, Jeff Joseph, en un comunicado. “Cuando una solución temporal no es realista, el Congreso debe intervenir y otorgar la residencia permanente a quienes han residido legalmente en Estados Unidos durante años con el estatus de TPS”, agregó Benjamin Johnson, director ejecutivo de la organización.