El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una readecuación del Programa Federal de Aplicación Múltiple (PROFAM) para fortalecer el control de desplazamientos de personas, la prevención del delito y el seguimiento de contactos ante emergencias sanitarias.
El Gobierno nacional oficializó este martes una readecuación del Programa Federal de Aplicación Múltiple (PROFAM) con el objetivo de ampliar sus funciones para el control de los desplazamientos de personas, la prevención del delito y el seguimiento de contactos ante enfermedades de alerta sanitaria internacional, brotes epidemiológicos o emergencias sanitarias. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 593/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según la resolución, el PROFAM pasará a funcionar como una herramienta estratégica para el control de flujos interjurisdiccionales de personas, la trazabilidad de desplazamientos, la prevención del delito, el apoyo al cumplimiento de medidas judiciales y la detección de enfermedades que requieran mecanismos de rastreo de contactos.
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva sostuvo que la creciente movilidad territorial de las personas exige fortalecer los mecanismos de monitoreo e intercambio de información entre organismos nacionales, provinciales y municipales. En ese marco, también señaló que el sistema podrá utilizarse como herramienta complementaria para la gestión de emergencias sanitarias.
La resolución dispone que el programa funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, dependiente de la Subsecretaría de Intervención Federal, mientras que la Secretaría de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la conducción estratégica del sistema.
El nuevo esquema prevé que el PROFAM opere mediante la aplicación informática ENLACE, que permitirá la interoperabilidad con bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y otros sistemas vinculados con la seguridad y la salud pública.
Además, la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías deberá impulsar la incorporación progresiva de nuevas bases de datos provenientes de organismos públicos y, cuando corresponda, de entidades privadas de los ámbitos nacional, provincial y municipal. La resolución aclara que ese intercambio deberá respetar la normativa vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información.
La norma también aprueba un plan de implementación del programa y convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema, además de habilitar un modelo simplificado de adhesión para las jurisdicciones provinciales. El convenio establece que las provincias participarán en la recepción y análisis de alertas remitidas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la prevención del delito, el control de riesgos para la seguridad y la salud pública y el seguimiento de flujos de personas.
En paralelo, el Gobierno aprobó un modelo de adhesión simplificada para los municipios. En ese esquema, las administraciones locales podrán colaborar con tareas de monitoreo urbano, videovigilancia y apoyo logístico en zonas de alta circulación, aunque sin asumir funciones propias de las fuerzas policiales o de seguridad.
La resolución también encomienda la elaboración de informes periódicos sobre los resultados del programa, deroga el protocolo operativo aprobado en 2019 y aclara que la implementación del nuevo esquema no implicará una erogación presupuestaria adicional.