El Consejo General de la Abogacía Española emitió una declaración institucional en la que advierte sobre una tendencia creciente de ataques personales a profesionales del derecho y subraya que la independencia y seguridad en el ejercicio de la abogacía son garantías esenciales del Estado de derecho.
El Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado su inquietud por lo que calificó como una “tendencia a la descalificación pública” y “ataques personales” contra abogados. A través de una declaración institucional, el organismo sostuvo que “la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho”.
“Solo allí donde los profesionales de la abogacía pueden desempeñar su función sin presiones, intimidaciones o injerencias, es posible asegurar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”, señaló el texto.
El Consejo advirtió que “desde los últimos meses se ha intensificado una preocupante tendencia a la descalificación pública de profesionales de la abogacía mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional, por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes”.
La declaración indicó que esta preocupación es compartida “en todo el mundo, donde otros organismos observan también un incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra profesionales de la abogacía en distintos países”.
“Conviene recordar un principio esencial de cualquier democracia: no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende, porque este profesional no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa. Su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso”, subrayó.
El Consejo señaló que esta realidad “afecta a toda la Abogacía” y “especialmente a los que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y a los que intervienen en procedimientos de especial repercusión pública”, y agregó que “todos ellos cumplen una función constitucional imprescindible y merecen respeto y la protección institucional”.
Por ello, instó a los poderes públicos y a la sociedad a “evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende”.
“Proteger la independencia de la abogacía significa preservar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho. En definitiva, significa proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, concluyó la declaración.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, afirmó que la independencia y la seguridad para los abogados en su desempeño profesional son “garantías esenciales” tanto para ellos como para proteger a los ciudadanos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia de la profesión y reclamamos el máximo respeto hacia quienes la ejercen, rechazando cualquier identificación del abogado con su cliente o con la causa que defiende”, declaró.