La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva por 18 meses para el exconductor de televisión Andrés Hurtado, quien permanecerá recluido en el penal de Lurigancho mientras continúa la investigación por el caso “Barras de Oro”.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación por 18 meses de la prisión preventiva impuesta a Andrés Hurtado, dentro del proceso penal por el caso denominado “Barras de Oro”. De esa forma, el exconductor continuará recluido en el penal de Lurigancho mientras prosigue la investigación.
Según la resolución judicial, el tribunal declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la defensa de Hurtado para dejar sin efecto la decisión emitida el 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien aceptó el pedido formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La Corte Suprema sostuvo que la prolongación de la prisión preventiva constituye una medida “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar los fines del proceso, garantizar la presencia del investigado y evitar riesgos que afecten el desarrollo de la actividad procesal.
El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó una condena de 30 años de prisión para Andrés Hurtado. La acusación comprende los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.
La investigación fiscal sostiene que Hurtado habría intervenido en el supuesto pago de una coima entregada por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público a una empresa del empresario durante 2020. El expediente también incorpora otros dos hechos bajo investigación.
El caso comenzó después de que Jean Carlos Miu Lei denunciara en televisión a sus primos de la familia Siucho Neira por presuntas actividades ilícitas. Posteriormente surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con Andrés Hurtado y sus supuestos vínculos con integrantes del sistema de justicia y autoridades estatales.
El 2 de septiembre, durante una entrevista televisiva, Hurtado habló sobre sus contactos con una fiscal especializada en lavado de activos y con una autoridad de Migraciones. Días más tarde, Ana Siucho presentó declaraciones en las que sostuvo que el exconductor ofreció ayuda a sus familiares a cambio de favores relacionados con funcionarios públicos.
Entre los señalamientos también figura la versión según la cual Hurtado habría facilitado gestiones relacionadas con la devolución de oro incautado a Javier Miu Lei mediante su presunta cercanía con la fiscal Elizabeth Peralta. Asimismo, aparecieron acusaciones vinculadas con trámites migratorios relacionados con Roberto Siucho.
Con el avance del caso, distintas instituciones iniciaron actuaciones propias. El Congreso solicitó revisar las denuncias conocidas públicamente, mientras el Poder Judicial dictó impedimentos de salida del país para varios investigados. La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió diligencias preliminares para determinar el origen de presuntos bienes y movimientos patrimoniales atribuidos a Hurtado.
El 19 de septiembre, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y del grupo Orión de la Dirección Antidrogas ejecutaron la detención preliminar de Andrés Hurtado en una clínica ubicada en la avenida Las Artes. Desde entonces, el proceso continuó con diversas actuaciones fiscales y judiciales que derivaron en la imposición de prisión preventiva y, posteriormente, en la ampliación de esa medida por decisión del juez Juan Carlos Checkley.