La bancada oficialista presentó este lunes en el Congreso una iniciativa de ley para subsidiar combustibles con un costo total de Q3.480 millones y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La bancada oficialista de Guatemala presentó este lunes en el Congreso una ley de apoyo temporal a los combustibles con subsidios de Q12 por galón de diésel y Q3 para gasolina premium, una medida que el Ejecutivo busca aprobar con urgencia para contener el alza de precios que presiona el gasto de los hogares y encarece transporte, canasta básica y pasajes.
La propuesta fija un techo de Q3.480 millones y una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. También incorpora una cláusula para terminar el beneficio antes de esa fecha si los precios internacionales bajan, si se agotan los recursos autorizados o si vence el plazo previsto por la ley.
El diputado oficialista Carlos Sanabria, acompañado por otros seis legisladores de su bancada, entregó la iniciativa en Dirección Legislativa tras una sesión privada de jefes de bloque.
Al anunciarla, sostuvo que se trata de “una respuesta extraordinaria para una situación extraordinaria”, y remarcó que no plantea un subsidio permanente sino un apoyo con financiamiento definido, controles y fecha de finalización.
Sanabria dijo que el precio de la gasolina “está presionando la economía de todas las familias guatemaltecas” y dificulta alcanzar una vida digna. Añadió que la iniciativa retoma una medida que, según el oficialismo, ya mostró resultados.
El ministro de Energía y Minas Erwin Barrios explicó en conferencia de prensa que la iniciativa sigue el mismo esquema del Decreto 11-2026, aprobado en abril con 115 votos y vigente del 1 de mayo al 2 de julio. Con ese antecedente, el Ejecutivo calcula que la implementación administrativa tomará menos de los 14 o 15 días que demandó la primera experiencia.
El mecanismo opera en el almacén de la importadora. El combustible llega a la estación de servicio con el precio ya reducido, mientras el importador absorbe durante una semana el descuento hasta que el Ministerio de Energía y Minas revise, verifique y autorice el reembolso.
Barrios ejemplificó el sistema con un caso concreto: si un importador debía cobrar Q40 por galón, venderá a Q32 y luego esperará el reintegro de los Q8 restantes al completar el trámite. El funcionario sostuvo además que, por tratarse de un diseño muy similar al anterior, la discusión legislativa podría avanzar con mayor rapidez.
El ministro de Finanzas Jonathan Menkos informó que el costo total del subsidio será de Q3.480 millones. Los recursos saldrán de una redistribución de fondos disponibles dentro del presupuesto vigente, sin acudir a nuevo endeudamiento.
Uno de los cambios respecto del decreto anterior es un artículo de control fronterizo para impedir que combustible beneficiado con apoyo fiscal salga del territorio guatemalteco. Barrios afirmó que durante el primer subsidio hubo un aumento notorio del consumo y señaló que una explicación posible fue la salida de combustible hacia países vecinos, aunque aclaró que esa hipótesis sigue bajo verificación con la SAT.
El director general de Hidrocarburos Julio Brand informó que, al finalizar el Decreto 11-2026, se presentaron 15 denuncias penales ante el Ministerio Público contra estaciones de servicio que subieron precios pese a tener inventarios adquiridos con subsidio. Durante la vigencia de esa norma, el ministerio también remitió expedientes a la DIACO para la aplicación de sanciones administrativas.
Sanabria vinculó la propuesta con una estrategia más amplia y pidió al sector privado impulsar, cuando sea posible, modalidades de teletrabajo para reducir costos de transporte y consumo de combustible. También sostuvo que la crisis debe servir para acelerar cambios en la matriz energética, con menor dependencia del petróleo, mayor uso de energías renovables y desarrollo de movilidad eléctrica.
El diputado José Chic de la bancada VOS dijo que el Congreso deberá resolver varios puntos antes de aprobar la iniciativa, en especial las fuentes financieras. Señaló que se ha mencionado la posibilidad de restar recursos al Ministerio de Gobernación y consideró ilógico hacerlo en medio de una crisis de inseguridad.
Chic sostuvo que la población sí enfrenta una crisis económica por los altos costos de los combustibles y que ese impacto alcanza la calidad de vida, la canasta básica y los pasajes. También pidió controles para evitar abusos en la aplicación del beneficio.
El legislador criticó al gabinete económico por no haber reaccionado antes. Afirmó que la crisis estaba planteada desde febrero y cuestionó que el Ejecutivo dejara pasar tres semanas sin una propuesta concreta, después de que el subsidio anterior terminara antes de lo previsto, el 28 de junio.
La iniciativa llega en un escenario de división entre bancadas, que debaten si la vía más efectiva para contener el alza de los combustibles es mantener ayudas directas, eliminar impuestos o establecer precios tope.
Mientras esa discusión sigue abierta, el Ministerio de Energía y Minas trabaja en una mesa técnica para diseñar modelos alternativos de apoyo, aunque reconoce que son más complejos que el mecanismo ahora enviado al Legislativo.