La senadora María Clara Posada presentó una demanda de nulidad parcial contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026, que permite al Ejecutivo modificar el Presupuesto General de la Nación sin control del Congreso. También solicitó una medida cautelar de suspensión provisional.
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una demanda de nulidad parcial contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.
La congresista también solicitó una medida cautelar de suspensión provisional inmediata con el propósito de que esos apartes del decreto dejen de producir efectos mientras el alto tribunal estudia el fondo del proceso.
Según los argumentos expuestos en la demanda, las disposiciones cuestionadas permitirían al Ejecutivo modificar el Presupuesto General de la Nación mediante traslados presupuestales sin el control previo del Congreso de la República.
La decisión fue anunciada por la senadora a través de su cuenta en X, donde explicó los motivos de la acción judicial. “El día de hoy voy a radicar ante el Honorable Consejo de Estado una demanda de nulidad contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026. El cheque en blanco que quiere usar el Gobierno para modificar el presupuesto y ejecutar recursos a dedo en una feria de contratos hasta el 7 de agosto”, escribió Posada.
La demanda sostiene que la Constitución Política establece que corresponde al Congreso aprobar y modificar el Presupuesto General de la Nación, salvo las excepciones previstas expresamente por la ley. En ese sentido, la congresista argumenta que la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño no constituye una habilitación para que el Gobierno realice modificaciones presupuestales sin intervención del Legislativo.
En sus argumentos jurídicos, la parlamentaria afirmó: “La Constitución establece que solamente el Congreso puede aprobar y modificar el presupuesto”, y añadió: “El Gobierno sólo puede hacerlo, sin pasar por el Congreso, en un estado de excepción a través de un Decreto con fuerza de Ley”.
De acuerdo con la acción presentada, los artículos demandados facultan al Ministerio de Hacienda para efectuar los traslados presupuestales que considere necesarios con el fin de atender la situación derivada del fenómeno climático.
El artículo 4 del Decreto 802 establece que el Ministerio de Hacienda “garantizará de forma inmediata que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con recursos suficientes”. Además, uno de sus parágrafos autoriza a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional para realizar los traslados presupuestales que soliciten las entidades competentes.
Por su parte, el artículo 5 ordena la creación de una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027” dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de mantener separados presupuestal y contablemente los recursos destinados a la atención de la emergencia.
Frente a estas disposiciones, Posada aseguró: “Utilizaron el fenómeno de El Niño como pretexto para girar los recursos que quieran, sin ningún tipo de límite ni pasar por el Congreso”.
El Gobierno fundamentó el decreto en la declaratoria de desastre nacional. El Decreto 802 de 2026 fue firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial luego de declarar una situación de desastre de carácter nacional por un término de doce meses, como respuesta a los riesgos asociados al fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.
Según el Gobierno, la medida se fundamenta en informes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los cuales proyectan una probabilidad superior al 95% de que el fenómeno climático se intensifique durante el segundo semestre de 2026 y un 63% de posibilidades de que alcance una intensidad catalogada como “muy fuerte”.
El decreto también señala que existen obligaciones financieras pendientes en el Mercado de Energía Mayorista por aproximadamente 2,76 billones de pesos con corte a junio de 2026 y advierte que la disminución de las lluvias podría afectar la generación hidroeléctrica y el suministro de agua potable en 558 municipios identificados con riesgo alto y muy alto.
Asimismo, el Gobierno indicó que las medidas buscan prevenir eventuales afectaciones como apagones generalizados, racionamientos prolongados de energía y problemas en el abastecimiento de agua, además de desarrollar un Plan de Acción Específico para la Recuperación enfocado en la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la transición energética para hogares vulnerables.
La acción judicial contra el Decreto 802 no es la única promovida por la senadora del Centro Democrático. Paralelamente fue presentada otra demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0765 de 2026, mediante el cual el Gobierno ordenó el traslado de $4 billones de Ecopetrol hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el propósito de atender una eventual emergencia derivada del fenómeno de El Niño.
En ese proceso también se solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo la controversia.
La demanda argumenta que las vigencias futuras no pueden trasladarse entre entidades nacionales con fundamento en eventos que aún no se han materializado y cuestiona la legalidad de esa decisión presupuestal.