El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue proclamado este domingo candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre. Enfrentará al senador Flavio Bolsonaro en un escenario de polarización y con acusaciones de injerencia extranjera.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue proclamado este domingo candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre, en una convención partidaria celebrada en San Pablo. Buscará un cuarto mandato presidencial a sus 79 años, en lo que sería su séptima candidatura desde 1989.
El candidato del PT enfrentará al senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple condena de 27 años de prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La campaña comenzó con acusaciones del oficialismo sobre presuntos intentos de injerencia extranjera.
Durante la convención, Lula centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional y prometió impulsar la industria de defensa, proteger los minerales estratégicos y reforzar el papel del Estado en sectores clave. «Vamos a tener que ser mucho más audaces para cambiar muchas cosas en este país», afirmó. Luego añadió: «Ningún chino, ningún estadounidense, ningún francés tocará nuestros minerales sin respetar la soberanía brasileña».
El presidente del PT, Edinho Silva, declaró que «esta elección en Brasil determina el futuro de América Latina» y advirtió sobre el riesgo de interferencias externas. El vicepresidente Geraldo Alckmin, que integrará nuevamente la fórmula, dijo: «Nuestro sistema de votación electrónica es tan bueno que no le quita votos a argentinos ni estadounidenses».
Dirigentes del PT expresaron preocupación por posibles campañas coordinadas desde el exterior mediante redes sociales, uso de bots y desinformación, similar a lo ocurrido en elecciones anteriores. El presidente había dicho días antes: «En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no lo llaman», en referencia a Trump y a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
La relación con Washington se tensó después de que la administración republicana anunciara en julio dos rondas de aranceles sobre productos brasileños y reclasificara a dos organizaciones criminales brasileñas como grupos terroristas. Esas decisiones llegaron después de que Flavio Bolsonaro visitara Washington y se reuniera en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Lula calificó al senador como «traidor a la patria», acusación que el candidato rechaza.
Flavio Bolsonaro recibió respaldo de dirigentes extranjeros, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, quien viajó a San Pablo el 25 de julio para participar en la convención del Partido Liberal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envió un mensaje grabado de apoyo.
Brasil negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense que buscaban discutir integridad electoral. El gobierno brasileño argumentó riesgos de «instrumentalización política»; Washington negó ese objetivo. Pese a la tensión, Lula afirmó que no desea tener a Trump como enemigo.
En el plano interno, las encuestas de Datafolha indican que Lula obtendría el 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% de Flavio Bolsonaro. La mejora en la popularidad coincide con iniciativas económicas como una reforma del impuesto a la renta y un programa de refinanciación de deudas. El gobierno también reporta crecimiento económico y baja desocupación, aunque el costo de vida, el déficit fiscal y la inseguridad siguen entre las principales preocupaciones del electorado.
La seguridad pública es un punto fuerte de la campaña de Bolsonaro, quien acusa al gobierno de perder control frente al crimen organizado. La corrupción también está en el debate: Bolsonaro enfrenta una investigación por presunto financiamiento irregular de una película sobre su padre; el hijo de Lula, Luiz Cláudio «Lulinha», es investigado por tráfico de influencias. Lula pasó 580 días preso entre 2018 y 2019 por una condena por corrupción que luego fue anulada por el Supremo Tribunal Federal.