El proyecto de Ley de Tierras, que modifica la Ley 26.737, fue enviado al Congreso. El oficialismo separó los artículos sobre el límite del 15% para extranjeros. El debate incluye la tensión entre la autonomía provincial y la legislación nacional.
El proyecto conocido como «Ley de Tierras», enviado por el gobierno al Congreso de la Nación, aborda una parte central de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre sus ejes, el referido a la modificación de los límites establecidos por la Ley 26.737 para la venta de tierras a extranjeros —que fija un techo del 15% a nivel nacional, provincial y municipal— fue extensamente abordado por los medios y la opinión pública. Para permitir el avance general de la iniciativa, el oficialismo apartó del debate los artículos vinculados a esta restricción.
En la discusión política y jurídica existen aspectos que no siempre son reconciliables. Desde una perspectiva federal, los estados provinciales y municipales son responsables de la fiscalización y el cumplimiento de las normas en materia ambiental, territorial y urbanística.
El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Nacional. El artículo 124 consagra el dominio originario de los recursos naturales en las provincias. El artículo 75, inciso 12, otorga al Congreso Nacional la facultad de dictar la legislación de fondo, como el Código Civil y Comercial y el Código Penal.
El debate plantea una tensión entre la autonomía territorial de las provincias y la preservación de la uniformidad jurídica en todo el país. Ambas cuestiones exigen una armonización cuidadosa.
Independientemente del resultado del debate, el Estado argentino cuenta con instituciones capaces de velar por la integridad de los bienes nacionales. La soberanía no se reduce a la titularidad de la tierra, sino también al cumplimiento de las leyes. Un ambiente sano y equilibrado, relaciones laborales justas y un orden territorial y urbano —en definitiva, el imperio de la ley— son formas de garantizar los derechos presentes y futuros.