Un estudio independiente sobre los datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue difundido y celebrado por figuras vinculadas al oficialismo. El trabajo, elaborado por el analista Matías Fernández, plantea que la morosidad aumentó pero no configura una crisis sistémica, y sostiene que la resolución corresponde principalmente a las entidades financieras.
El aumento de la morosidad se convirtió en uno de los principales focos de preocupación del sistema financiero argentino y en un tema de debate público. En este contexto, un análisis independiente de los datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue difundido y celebrado por figuras vinculadas al oficialismo, entre ellas Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre y Mercado Pago, y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.
El trabajo, titulado «Todo lo que querías saber de la mora* (pero tenías miedo de preguntar)», fue realizado por Matías Fernández, analista y exintegrante de la gestión de Mauricio Macri. Fernández reconoce expresamente que no es especialista en morosidad y advierte que su metodología puede contener errores.
El estudio parte de los microdatos de la Central de Deudores del BCRA correspondientes a junio de 2026, cruzados con información de ARCA. Según sus cálculos, 5,86 millones de personas tienen deudas atrasadas, equivalentes al 27,1% de los deudores relevados, mientras que la mora representa el 15,5% del monto total adeudado.
El análisis sostiene que la tasa de personas en mora pasó del 13,6% en octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026. Fernández considera que, si bien la mora es elevada en términos históricos recientes y respecto de otros países de la región, los datos no permiten hablar de un colapso generalizado del sistema financiero.
El analista afirma que durante los últimos dos años se produjo una fuerte expansión del crédito y que actualmente 15 millones de personas tienen algún tipo de crédito y lo pagan regularmente. Por eso, advierte que cualquier respuesta al aumento de la morosidad debería contemplar también a quienes continúan cumpliendo con sus obligaciones.
Fernández coincide con uno de los principales argumentos del Gobierno: el problema no requeriría una intervención estatal extraordinaria, sino que debería ser absorbido principalmente por las propias entidades que otorgaron los créditos. En ese sentido, considera acertada la decisión oficial de que bancos y entidades financieras asuman los riesgos que tomaron.
En relación con Mercado Pago, el análisis señala que la plataforma concentra el 19% de las personas morosas, pero apenas el 2,9% del monto total en mora. La mediana de la deuda atrasada de sus clientes es de $116.000, muy por debajo de la registrada en bancos y otras entidades. Fernández atribuye esa diferencia a la estrategia de inclusión financiera de la compañía, que otorgó créditos relativamente pequeños para evaluar el comportamiento de los deudores.
El trabajo pone el foco, en cambio, en las empresas que agrupa bajo la categoría de «crédito rápido no bancario», como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins. Ese segmento representa el 22,6% de las personas en mora y el 7,7% del monto total adeudado. La mediana de la deuda ronda los $500.000 y la tasa promedio de mora alcanza el 52%.
Fernández sostiene que esas entidades deberían estar sometidas a mayores controles por parte del Banco Central y advierte que algunas asumieron riesgos excesivos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y tasas volátiles.
En cuanto a los bancos tradicionales, concentran alrededor del 65% del dinero en mora. Los privados explican el 45% del monto y el 27% de las personas, con una mediana de deuda atrasada de $1.458.000. Los bancos públicos representan otro 20% del volumen.
Uno de los datos que Fernández considera más relevantes aparece entre los jóvenes de 18 a 25 años. En dos años, la proporción de jóvenes con deudas registradas aumentó del 16,8% al 23,3%, mientras que la tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%. La mediana de la deuda atrasada en ese grupo es de $282.000.
El analista plantea que allí debería concentrarse una parte de la atención pública, especialmente para determinar cuánto inciden la falta de educación financiera, las apuestas deportivas, las condiciones laborales y las características de los mercados de crédito utilizados por los jóvenes.
En relación con la pobreza y el desempleo, Fernández sostiene que los datos disponibles no permiten establecer una correlación directa entre el aumento de la mora y esas dos variables. Su análisis encuentra una relación más marcada con el tipo de entidad a la que recurren los deudores y con el deterioro del poder adquisitivo.
Entre sus propuestas aparecen mayores controles sobre las entidades de crédito rápido y otras compañías no bancarias, una reducción de los impuestos que encarecen el financiamiento y políticas específicas para prevenir el sobreendeudamiento de los jóvenes. También plantea que Nación, provincias y municipios deberían revisar la carga tributaria sobre los créditos, que incluye IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales.
En definitiva, el trabajo sostiene que Argentina necesita más crédito, que la mora efectivamente creció, pero que el fenómeno no implica por sí mismo una crisis sistémica ni justifica una solución estatal generalizada. Fernández aclara que se trata de un análisis propio, que no es especialista en la materia y que los cruces de datos pueden contener errores.