La iniciativa busca modificar la Ley de Calidad Ambiental del estado mediante plazos más cortos para la revisión de proyectos de infraestructura y vivienda. La Cámara de Comercio y la asociación de constructores la respaldan; grupos ecologistas, sindicatos y el Partido Demócrata se oponen.
El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en California. Además de la contienda por la gobernación, los votantes decidirán sobre varias medidas, entre ellas la Proposición 45, que propone reformar la Ley de Calidad Ambiental del estado (CEQA, por sus siglas en inglés) mediante la fijación de plazos estrictos y la agilización de la aprobación de obras de infraestructura y vivienda.
Qué establece la Proposición 45
La propuesta, promovida por la Cámara de Comercio estatal e incorporada a la boleta mediante firmas de petición, busca recortar costos y acelerar el desarrollo urbano al otorgar mayor control a los promotores y agencias públicas sobre el proceso de revisión ambiental. Para ello, crea un marco de tramitación acelerada para proyectos considerados esenciales, entre los que figuran:
- Desarrollos habitacionales que no gozan de exenciones previas
- Carreteras
- Redes de agua
- Proyectos de infraestructura de banda ancha
- Proyectos de salud, educación y energía limpia
- Obras para la mitigación de incendios forestales
Bajo este régimen, las agencias públicas dispondrán de un plazo máximo de 365 días hábiles para decidir sobre los informes de impacto ambiental. Asimismo, los tribunales deberán resolver las demandas e impugnaciones judiciales en un periodo no mayor a 270 días calendario.
La acogida a este procedimiento expedito será opcional para los solicitantes, quienes podrán elegir entre las nuevas reglas o el formato tradicional. “Esto no es una solución quirúrgica en absoluto. Esto supondría un cambio radical”, expresó Ethan Elkind, experto en derecho climático de la Facultad de Derecho de Berkeley, citado por CalMatters.
Modificaciones en el proceso ambiental y la toma de decisiones
La Proposición 45 también alteraría la dinámica de evaluación de proyectos en aspectos sustanciales:
- Evaluación de alternativas: los promotores tendrían la facultad de seleccionar una única alternativa de proyecto para su análisis por parte de la autoridad, en lugar de exigir el análisis de múltiples alternativas.
- Congelación de estándares ambientales: los impactos deberían medirse utilizando únicamente los criterios y normativas vigentes al momento de ingresar la solicitud formal, sin posibilidad de actualizarlos si surgen nuevos datos durante la revisión.
- Límite a la consulta ciudadana: los comentarios de la comunidad deberían presentarse en un plazo perentorio de 45 días. De lo contrario, no formarían parte del expediente ni podrían ser revisados por un juez en eventuales litigios.
- Alcance de los fallos judiciales: en caso de que un tribunal determine que un análisis ambiental es defectuoso, los jueces solo podrían paralizar la sección de la obra que incumpla la norma, lo que permitiría la ejecución del resto del proyecto.
Las mismas prerrogativas aplicarían cuando las propias entidades gubernamentales actúen como promotoras de infraestructura pública.
Voces a favor y en contra
La proposición está respaldada por la Cámara de Comercio de California y la Asociación de la Industria de la Construcción de California. La campaña sostiene que la burocracia actual añade entre seis y 10 años a la concreción de proyectos. “En última instancia, todos esos costes recaen sobre los consumidores”, señaló Jennifer Barrera, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de California.
Asimismo, los defensores afirman que, de aprobarse en los comicios de noviembre, la medida abarataría el costo medio de una vivienda en aproximadamente 75.000 dólares y generaría US$1500 millones en ahorros e ingresos combinados para las arcas públicas. “Si queremos tener una sociedad donde la gente pueda vivir y prosperar, tenemos que encontrar el punto óptimo, y creemos que la Proposición 45 es ese punto óptimo”, expresó Dan Dunmoyer, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de la Construcción de California.
Por su parte, una coalición conformada por grupos ecologistas, sindicatos y el Partido Demócrata de California argumenta que la propuesta trasciende la simple simplificación administrativa. Los opositores advierten que se trata de un cambio estructural que priva a los municipios de herramientas de protección, reduce la voz de los vecinos y no incluye compromisos concretos para garantizar viviendas asequibles a familias vulnerables. “Cuando se deshace o se socava la evaluación ambiental, o se dice que no es necesario realizar tanta evaluación ambiental, se puede obtener menos participación de la comunidad en un proyecto”, manifestó Aruna Prabhala, abogada del Centro para la Diversidad Biológica que trabaja en la campaña de la oposición.