Un peritaje de octubre de 2020 identificó faltantes de firmas y operaciones sin respaldo en el Banco Nación en la transferencia de $4 millones para adquirir el inmueble de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
Un peritaje realizado en octubre de 2020 detectó irregularidades en la operación bancaria mediante la cual la empresa Los Sauces SA, vinculada a la familia Kirchner, adquirió el departamento de la calle San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
El informe se centró en la extracción de $4 millones de una caja de ahorro de la entonces presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el 6 de mayo de 2015, y su inmediato depósito en una cuenta de Los Sauces SA. Según el sumario interno del Banco Nación, la operación no contó con la firma del depositante, ni con la intervención del cajero ni de instancias autorizantes superiores, tampoco tuvo documentación de respaldo y no se detalló el origen de los fondos.
El peritaje, que se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py, profundizó en las conclusiones del «Informe Final del Instructor» del Banco Nación sobre el procedimiento adoptado en la compra de la unidad funcional 5, segundo piso, de San José 1111. Los instructores señalaron que el depósito carecía de la intervención del cajero Lisandro Gauna y que los comprobantes de caja no llevaban la rúbrica de los titulares ni de quien autorizó, y que no se integró el origen de los fondos.
La autorización de la extracción quedó registrada a las 14:02:52 del 6 de mayo de 2015. El ticket del depósito en la cuenta de Los Sauces SA lleva la hora 14:04:33 y el de la extracción, 14:04:37, cuatro segundos después. El comprobante de depósito consignó a Cristina Fernández como depositante, pero no tiene su firma manuscrita. El de la extracción tampoco.
Documentos oficiales indican que la entonces presidenta no pudo estar ese día en Río Gallegos, donde se realizó la operación, porque a las 19 horas recibió en la Casa Rosada a Zhao Leji, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, según el Registro de Audiencias. El encuentro contó con la presencia de Axel Kicillof y Eduardo «Wado» De Pedro, entre otros.
Ese mismo día se debitaron $3.959.000 de la cuenta de Los Sauces SA bajo el concepto «cheque de servicio». Los instructores detectaron que ese cheque nunca existió físicamente y que la sucursal Río Gallegos no conservaba un comprobante de la operación. Según la reconstrucción, el débito se hizo a última hora a partir de un mail enviado a las 16:23 desde la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo, que pedía depositar $3.959.000 en la cuenta corriente de Pilisar SA, que registró el crédito por ese monto en esa misma fecha. El destino era la compra de «Certificados de Derivación de Ingresos» (Cedines), títulos públicos emitidos entre 2009 y 2011.
Pilisar SA es una sociedad anónima argentina del sector de electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan que controla el empresario Rubén Cherñajovsky. Opera en la fabricación y comercialización de heladeras, lavarropas y otros equipos de «línea blanca», con marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.
Los Cedines por U$S 370.000 para la operación inmobiliaria fueron cedidos a Los Sauces SA por Emilio Mazzola, por entonces socio y director de Pilisar SA. En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de forzarlo a una venta compulsiva de acciones y denunció el vaciamiento de la firma por al menos US$ 35 millones entre 2012 y 2015. Cherñajovsky acusó a Mazzola de haberse robado 1000 heladeras. Esas acusaciones cruzadas terminaron en la Justicia federal.
En 2015, Mazzola colaboró en la operación de compra de San José 1111 con Cedines. Los Sauces SA usó esos certificados para pagar el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según la escritura 168 del 11 de junio de 2015, que fijó el precio en $3.344.800, calculados a $9,04 por dólar.
El acta de directorio 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de 2015, la certificación del contador Víctor Manzanares y la declaración jurada ante la UIF firmada por la presidenta Romina Mercado describieron el ingreso de $4 millones como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria. Los sumariantes detectaron inconsistencias: los extractos reflejaron una extracción con tarjeta y un depósito en efectivo. Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Los Sauces SA tampoco consignaron ese aporte en el patrimonio neto, que permaneció en $2.234.400, y en su lugar figuró un aumento de $6.427.106,97 en «cuentas particulares de socios».
Los peritos de la defensa sostuvieron que la operación fue legal y destacaron que había fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA. Los peritos del Ministerio Público Fiscal señalaron que la falta del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 impidió trazar contablemente el origen de los fondos y que algunas operaciones pudieron hacerse en efectivo.
En junio de 2022, siendo vicepresidenta, Fernández de Kirchner invocó a Newsan como ejemplo para reclamar más intervención y regulación en las importaciones. Tres años después, comenzó a cumplir prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111 por el caso Vialidad.
La UIF emitió un reporte y el entonces juez federal Claudio Bonadío indagó y procesó a cuatro empleados del Banco Nación. La entidad confirmó que «sustanció oportunamente actuaciones sumariales originadas a partir de observaciones formuladas por la Auditoría de la Institución respecto de determinadas operatorias bancarias registradas en la Sucursal Río Gallegos», centradas en «la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas». Los auditores verificaron «apartamiento respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias», por lo que el Banco aplicó «apercibimientos» y «llamados de atención» en los legajos de empleados. El entonces gerente de la sucursal, Rolando D’Avena, ya había sido desvinculado por otra causa.
Las empresas Hotesur y Los Sauces concentran la acusación por presunto lavado de activos en el juicio oral que comenzó este viernes. Cinco empleados del Banco que gestionaron aquella operación en Río Gallegos —D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero— figuran entre los acusados.