El plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado firmó este miércoles el dictamen del proyecto de ley de Discapacidad sin modificaciones respecto del texto aprobado en Diputados. La sesión para su sanción está prevista para el 19 de noviembre.
El Senado firmó este miércoles el dictamen de la ley de Discapacidad sin cambios respecto del texto en Diputados, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. Lo respaldaron La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. El oficialismo buscará sancionarlo en la sesión del 19 de noviembre, una de las últimas del período ordinario.
El dictamen llega a pocos días de la visita del papa León XIV, que el lunes próximo estará en el Cottolengo Don Orione de Claypole, y con un mensaje de la Cámara baja para el Senado: Diputados aprobó el texto con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, una mayoría que buscó desalentar modificaciones, ya que cualquier cambio obligaría a volver a esa Cámara con la emergencia vigente venciendo el 31 de diciembre.
La reunión, que presidieron el libertario Agustín Monteverde y la peronista santacruceña Alicia Kirchner, había quedado en duda por la ausencia de senadores que viajaron a Estados Unidos como veedores de las elecciones de medio término. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que impulsó el dictamen, dijo que «el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente». Destacó además la compatibilidad entre la pensión y el empleo, la continuidad de los beneficios para quienes contraten trabajadores por tiempo indeterminado y el régimen de empleo protegido.
El texto que el Senado no quiere tocar
El proyecto se llama «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» y replica casi todo el esquema de la ley de emergencia 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno, pero le quita el carácter transitorio. Mantiene la pensión no contributiva, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y su compatibilidad con un empleo formal o el monotributo mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos. Conserva el nomenclador único y la actualización mensual de los aranceles por inflación, y garantiza la cobertura de Incluir Salud.
Los cambios que el oficialismo aceptó en el recinto de Diputados fijaron los requisitos en la ley y no en la reglamentación del Ejecutivo, y agregaron una partida específica en el Presupuesto 2027 que, si no alcanza, se cubre con fondos del Tesoro. El Gobierno tiene además 30 días para presentar un cronograma de pagos a los prestadores y un máximo de 90 para cancelar las compensaciones pendientes, que rondan los $278.323 millones.
El costo es el reparo que mantiene el Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso lo estimó en unos $600.000 millones para 2027, el 0,04% del PBI, y en $1,2 billones para 2028, el 0,07%, con el padrón completo.
El plenario trató también dos expedientes que insisten con la prórroga de la emergencia, de Anabel Fernández Sagasti y de Carlos Linares. Con la mayoría que reunió Diputados, no se espera que prosperen.
La interna que dejó la ley
La ley se aprobó en Diputados contra la inercia del Gobierno. El Presupuesto 2027 que envió el ministro de Economía, Luis Caputo, contradecía lo que los legisladores libertarios negociaban con los aliados. Proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado, derogar la actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal y volver a un paradigma médico restringido a la invalidez laboral. Esos artículos desataron un fuerte conflicto en Diputados.
Dos diputadas cercanas a la jefa del bloque en el Senado, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, estuvieron entre las principales articuladoras del acuerdo con los aliados.
La discusión, además, llegó a la fuerza. La oposición primero emplazó a las comisiones para obligar a abrir el debate y después intentó imponer en el recinto la prórroga de la emergencia. El oficialismo hizo fracasar ese intento y convocó a su propia sesión, donde le concedió a los aliados y al peronismo casi todo lo que pedían a cambio de hacer caer una sesión opositora que buscaba rechazar el DNU 70. El texto que llegó al recinto era el dictamen del 23 de septiembre, que el propio Gobierno no terminaba de respaldar.
El acuerdo se cerró durante la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, selló un preacuerdo con Oscar Herrera Ahuad, jefe de Argentina Federal, mientras Rodríguez Machado abría el diálogo con Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Desde el Frente Renovador explicaron que el único punto que el oficialismo no cedió fue el título, porque no quería que dijera emergencia. En el peronismo agregaron que votaron para que la ley saliera con una mayoría que le quite margen político a un veto de Javier Milei.
El conflicto sigue abierto en el Presupuesto. Herrera Ahuad reclamó que el Gobierno retire el capítulo VI, que deroga el artículo 7 bis de la ley de emergencia, el de la actualización mensual por inflación a los prestadores. El Gobierno no confirmó que lo vaya a hacer. Los bloques dialoguistas condicionan su apoyo al Presupuesto a que se eliminen esos artículos y se garanticen los recursos. Tolosa Paz lo resumió en el recinto: «Esta ley no puede cumplirse si se cumple el Presupuesto propuesto por el Gobierno».
El colectivo y la Iglesia: del «paso importante» al Cottolengo
La presión no vino solo del Congreso. Autoridades del Episcopado se reunieron el martes previo a la sesión con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación y pedirle al Gobierno que cerrara un acuerdo, después de una mesa política en la Casa Rosada donde quedaron expuestas las dudas internas por el costo fiscal. La Comisión de Pastoral Social fijó posición el día de la sesión. La visita al Cottolengo ganó relieve en ese contexto.
El diputado Juan Marino mencionó la posible visita del Papa como telón de fondo de la discusión, y la cordobesa Natalia De la Sota desconfió del giro: «Nos cuesta pensar que esto es un gesto de apertura y no una necesidad coyuntural de estar en condiciones para la venida del papa León XIV».
El colectivo de Discapacidad recibió la ley con cautela. La activista Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, dijo tras la votación que «dimos un paso importante» porque ahora es una ley oficialista, votada con una contundencia increíble, y «es más difícil vetarla». Pero advirtió que quedó afuera el aumento del 30% de la base del nomenclador, sin el cual la actualización por inflación no alcanza para cubrir los costos de las instituciones, y que el antecedente es que el Gobierno combatió hasta ahora la ley de emergencia.
Hay sectores que directamente la rechazan. Ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones como la Mesa de Discapacidad, ATI y la Cámara de Prestadores reclamaron que no fueron consultadas y siguen pidiendo la prórroga. El Frente de Izquierda se abstuvo por la desconfianza en que el Gobierno cumpla. Fatradis, que reúne a los transportistas del sector, pidió que el Senado la apruebe sin cambios y reconoció que «no es perfecta».
Con el dictamen firmado, la definición queda para la sesión del 19, ocho días después de que el Papa deje el país, el 11 de noviembre. En el recinto se verá si el Senado respeta el mensaje de la Cámara baja o si el ruido que dejó la ley, entre el Presupuesto de Caputo, las internas y la desconfianza del sector, vuelve a ponerla en duda.