El juez Daniel Rafecas condenó a Cristian Rivaldi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. La pena es de un año y tres meses de prisión en suspenso y lo inhabilitaron para ejercer su cargo por el doble del tiempo de la condena.
El agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi fue condenado este miércoles por el juez Daniel Rafecas por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, tras arrojar gas pimienta en la cara a una niña de 9 años y a su madre durante una marcha frente al Congreso de la Nación el 11 de septiembre de 2024.
La pena impuesta es de un año y tres meses de prisión en suspenso. Además, Rivaldi fue inhabilitado para ejercer su cargo por el doble del tiempo de la condena. El fallo también establece que el condenado deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
El veredicto se conoció tras un juicio correccional que se desarrolló en una sola jornada. La acusación fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el debate oral en octubre del año pasado, y por el abogado Gregorio Dalbón, en representación de las víctimas.
El hecho ocurrió cuando la Policía intentaba despejar la calle durante una marcha de jubilados en contra de una reforma a la ley jubilatoria. Rivaldi, integrante de la División DOUCAD de la Policía Federal, arrojó gas lacrimógeno directamente hacia Fabrizia Pegoraro, de 9 años, y su madre, Carla Mariana Pegoraro, quienes se encontraban sentadas en el cordón de la vereda. La niña sufrió conjuntivitis química, según un informe del Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
En su descargo por escrito, el policía sostuvo que los hechos «se dieron en un clima de violencia» y que la menor no podía ser identificada como tal porque estaba cubierta por su madre y había mucha gente. Sin embargo, la Cámara Federal señaló que «los videos recabados en autos permiten observar el momento preciso en que el nombrado dirige el gas directamente hacia el sector en que se encontraban madre e hija, que estaban claramente visibles en el lugar del hecho, produciéndoles lesiones en los ojos».
El fiscal Taiano había dictaminado que el accionar de Rivaldi fue «desproporcionado e injustificado, e implicó un apartamiento de la normativa». Asimismo, desde la Fiscalía se recordó que los protocolos de actuación establecen que debe aplicarse «la mínima fuerza necesaria y suficiente» y que las normas exigen especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.
La mujer denunciante declaró en los tribunales de Comodoro Py: «Fui gaseada con gas pimienta por un efectivo de la policía. Lo hizo por la espalda y mientras estaba sentada en el suelo, sin oportunidad de defenderme. Me encontraba abrazando a mi hija Fabrizia». Y agregó: «Quiero aclarar que estábamos todos tranquilos en la manifestación y de repente empezaron a gritar ‘avancen, avancen’. Que de repente avanzaron los efectivos policiales y se tornó un caos total».
En ese momento, el episodio tuvo repercusión política. Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, aseguró que la denunciante era «irresponsable y violenta» y repitió en más de una oportunidad que «ningún agente gaseó a una nena».