Las recientes acciones militares unilaterales de Estados Unidos reavivan un dilema histórico: la tensión entre la necesidad práctica de actuar contra regímenes opresivos y el respeto a las normas internacionales establecidas.
En una columna de opinión publicada meses atrás, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti analizaba el caso venezolano y planteaba que la existencia de jurisdicciones universales para delitos contra los derechos humanos podría complicar las salidas pacíficas a dictaduras. Semanas después, el gobierno de Donald Trump trasladaba la situación del líder venezolano Nicolás Maduro a las cortes de Nueva York.
Este caso pone sobre la mesa un debate de compleja interpretación ética y legal. Cuando un régimen dictatorial se afianza en el poder, vulnerando derechos humanos o amenazando la paz, ¿es aceptable que otros países ejerzan presiones militares o comerciales fuera de los marcos de los organismos internacionales? ¿O se deben ofrecer beneficios excepcionales, como indultos o exilios privilegiados, bajo el concepto de «justicia transicional» para facilitar una salida? ¿O, en una opción más drástica, es válido capturar o eliminar a los líderes para evitar un mal mayor? La alternativa es atenerse siempre a las normas del derecho nacional e internacional, sin importar las consecuencias, que pueden incluir la prolongación del régimen opresor.
El gobierno de Estados Unidos, en casos como Venezuela e Irán, ha actuado de forma unilateral, sin consultar los procedimientos y consensos de los tratados internacionales vigentes. Si bien existe un deseo extendido de ver caer regímenes considerados totalitarios, estas acciones han generado a nivel global un llamado al respeto del derecho internacional.
A lo largo de la historia, quienes han promovido acciones fuera de la norma han esgrimido justificaciones prácticas —la falta de alternativas realistas— y éticas —evitar más crímenes—, argumentando que un debilitamiento momentáneo de la legalidad busca un bien mayor, como restaurar la democracia. En otros casos, estas acciones responden a posicionamientos de poder global o al control de recursos estratégicos.
Sin embargo, los beneficios a corto plazo de este pragmatismo pueden esconder consecuencias graves para el futuro. Esto aplica tanto a las soluciones militares directas como a las propuestas transicionales que ignoren el orden jurídico internacional. El derecho internacional se basa en el consenso de las naciones y actúa como elemento disuasivo para conductas futuras.
Las consecuencias de no respetar este orden están a la vista. El gobierno estadounidense, no satisfecho con las acciones recientes, ha amenazado con operaciones similares en otros países e incluso ha insinuado intereses territoriales. Este precedente podría llevar a que diversos actores globales justifiquen acciones similares en cualquier parte del mundo, socavando el marco legal construido con tanto esfuerzo.