El Gobierno de Córdoba oficializó un protocolo que permite cobrar los gastos de los operativos de seguridad a quienes realicen amenazas de tiroteo falsas en establecimientos educativos.
Desde este lunes, realizar una amenaza falsa de tiroteo en una escuela cordobesa puede tener consecuencias económicas directas. El Gobierno de Córdoba formalizó el «Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos» mediante una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial, que convierte en procedimiento administrativo y legal lo que antes era solo una advertencia política.
El mecanismo se activa automáticamente ante cualquier incidente de esta naturaleza. El Ministerio Público Fiscal debe identificar a los autores del hecho, incluyendo a los responsables directos y a los adultos que resulten legalmente responsables por ellos. Luego, el Estado construye un expediente donde se detalla todo lo desplegado durante el operativo: personal policial, unidades especiales, recursos de salud y medios logísticos. Cada rubro tiene un valor que se suma para determinar el monto total.
Una vez establecido el monto, se emite una intimación formal de pago dirigida a los responsables. El plazo para pagar es de cinco días corridos desde la notificación, y es considerado «perentorio» por el protocolo, es decir, no negociable. Si el pago no se realiza en ese plazo, el expediente pasa a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales de recupero compulsivo.
La Policía de Córdoba ya relevó y cuantificó los costos de 36 operativos realizados en los últimos meses por amenazas de tiroteos, y tiene preparadas las primeras cinco notificaciones. El monto total de todos los operativos desplegados en la provincia supera los $400.000.000. El Gobierno espera que el efecto disuasorio se expanda rápidamente una vez que se conozcan los montos concretos que deben afrontar los responsables.