Dos recientes decisiones judiciales en Trenque Lauquen y Azul establecen límites concretos al cobro de tasas viales, exigiendo a los municipios que demuestren la prestación efectiva del servicio y la correcta aplicación de los fondos recaudados.
En medio del debate sobre la presión fiscal municipal, dos fallos judiciales en la provincia de Buenos Aires han puesto límites al cobro de tasas viales, reafirmando la diferencia legal entre una tasa y un impuesto. El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, a cargo del juez Pablo Germain, declaró la nulidad parcial y total de la tasa vial cobrada por la Municipalidad de Daireaux a productores rurales.
El fallo estableció que una tasa solo es exigible cuando existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada del servicio. En ese sentido, el juez ordenó que lo recaudado se destine exclusivamente al mantenimiento de los caminos lindantes con cada campo y no a la red vial general del municipio. Además, determinó que cuando los caminos no sean transitables, la tasa debe ser anulada por completo.
Otro elemento relevante del fallo es la carga de la prueba: el juez Germain sostuvo que corresponde al municipio demostrar la prestación y el costo del servicio, por estar en mejores condiciones de acreditarlo. Asimismo, la sentencia rechazó que los fondos de la tasa se destinen a rentas generales del municipio, ya que son de afectación específica.
En un caso similar, un juez de Azul ordenó al municipio de ese partido bonaerense que brinde acceso a la información solicitada por 19 productores rurales, para conocer el destino de lo recaudado por la tasa vial y verificar si se aplicó a la reparación de caminos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás también hizo lugar a una demanda de la Sociedad Rural local en el mismo sentido.
Estos fallos contrastan con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso «Esso c/Municipalidad de Quilmes» (2021), donde el máximo tribunal permitió que los municipios utilicen los ingresos brutos del contribuyente como base para calcular el monto de la tasa, lo que ha sido criticado por especialistas en derecho tributario por desdibujar la naturaleza jurídica de la tasa.