A más de 15 años de su sanción, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar el régimen de compra de campos por extranjeros. Un experto del sector agropecuario analiza el impacto de la normativa vigente.
A más de 15 años de la sanción de la Ley N°26.737 de tierras, el debate volvió a instalarse en el sector agropecuario luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto para modificar de manera sustancial el régimen de titularidad de campos por parte de extranjeros.
En ese contexto, el presidente de Bullrich Campos, Roberto Frenkel Santillán, analizó la normativa vigente y consideró que se trata de una legislación creada para resolver “un problema inexistente”. El referente del mercado inmobiliario rural realizó una extensa reflexión sobre el impacto que, a su criterio, tuvo la ley desde su promulgación.
Frenkel Santillán sostuvo que la norma nació sobre una premisa equivocada. “La ley se originó para resolver un problema inexistente, repito, inexistente”, afirmó. Según recordó, antes de la sanción de la norma existía la percepción de que gran parte de la tierra argentina estaba en manos extranjeras. Sin embargo, aseguró que aquello nunca tuvo sustento real. El relevamiento oficial posterior mostró que “apenas poco más del 6% de la tierra estaba en manos de extranjeros”, indicó.
Para el empresario, ese dato dejó en evidencia que “la inmensa mayoría de la tierra, el 94%, estaba en poder de argentinos”. A partir de allí, consideró que el error fue mantener vigente el esquema. “Se podría haber derogado esa ley, algo simple, casi lógico. Pero se comete un segundo error que es no derogarla”, sostuvo.
También cuestionó la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo encargado de controlar las operaciones vinculadas con extranjeros, al que calificó como “ente burocrático de orden nacional encargado de preservar y prevenir un problema inexistente”.
Otro de los puntos que criticó fue el límite impuesto por la ley sobre la superficie que puede adquirir un extranjero: un tope equivalente a 1000 hectáreas en zona núcleo o sus equivalencias según cada provincia. “De esta forma el extranjero se lo limita a que compre hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente y luego no pueda expandirse”, señaló. Según explicó, eso desalienta proyectos productivos de escala y termina afectando el desarrollo regional.
Frenkel Santillán consideró que detrás de la norma persiste una mirada negativa sobre el inversor extranjero. “Parecería ser que los impulsores de esta ley presumen que el inversor extranjero es un desalmado depredador que destruye todo lo que tiene a su alcance”, sostuvo. En contraposición, afirmó que muchos capitales internacionales buscan producir y desarrollar nuevas regiones, generando movimiento económico en zonas relegadas.
El empresario puso como ejemplo el caso de provincias alejadas de los grandes polos productivos, donde las restricciones terminaron afectando el ingreso de capitales. En particular, mencionó Formosa y cuestionó el criterio utilizado para establecer equivalencias productivas. “Formosa determinó que 1000 hectáreas de tierra en esa provincia equivalgan a 1000 hectáreas de zona núcleo de Buenos Aires”, señaló. A su entender, esa decisión perjudicó directamente la llegada de inversiones. “Formosa se autocondenó a no tener inversiones extranjeras y continuar con su aislamiento cultural, social y económico”, expresó.
En otro tramo de su análisis, sostuvo que uno de los principales afectados por el régimen actual es el propietario argentino. “Solo puede vender su campo a argentinos, en vez de ofertarlo al mundo libremente”, afirmó. Comparó la situación con países vecinos, donde el inversor extranjero compró tierras en Uruguay, Paraguay y Bolivia, desarrollando y agrandando las fronteras productivas. En contraste, lamentó que Argentina permanezca estancada. “Nosotros nos quedamos con lo nuestro produciendo solo donde ya estamos”, afirmó.