El defensor de la Tercera Edad señaló que los ingresos previsionales no alcanzan para cubrir alimentación, salud y vivienda, y que la situación afecta a más de 4 millones de personas.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, declaró que los haberes actuales de los jubilados no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. En diálogo con PERFIL, afirmó: “Los $470.000, aproximadamente, que cobran más de 4 millones de jubilados, en realidad cubren no más de un 25% o 30% de la canasta del jubilado cuando incorporamos gastos de vivienda”.
Semino sostuvo que el deterioro de los ingresos previsionales ya no puede medirse únicamente por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, sino por su impacto concreto en la vida cotidiana. “La obviedad es que los jubilados no pueden ni remotamente subsistir”, afirmó.
Desde la Defensoría de la Tercera Edad, indicó que reciben entre 200 y 400 consultas por día. Los reclamos más frecuentes incluyen la imposibilidad de pagar medicamentos, la necesidad de vivir en pensiones, el trabajo informal y la dependencia de comedores o ayuda de terceros.
Semino explicó que una parte importante de los adultos mayores atraviesa esta situación sin contención. “Tenemos casi 2 millones de jubilados que no tienen red social ni red familiar”, advirtió. En esos casos, la falta de ingresos se combina con aislamiento, problemas de salud y dificultades habitacionales.
En cuanto al gasto habitacional, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires, una habitación con baño compartido en barrios como San Telmo o Montserrat puede costar alrededor de $250.000, lo que representa más de la mitad de una jubilación mínima con bono. También indicó que aproximadamente el 40% de los adultos mayores son propietarios, pero muchos no pueden sostener los gastos de mantenimiento, que en grandes centros urbanos pueden alcanzar entre $250.000 y $300.000.
Sobre la salud, Semino advirtió que muchos jubilados no pueden comprar sus medicamentos incluso con descuento, lo que deriva en tratamientos interrumpidos o realizados de manera incompleta. “La persona que tiene que tomar dos dosis por día toma una y hace lo que puede”, describió. Señaló que el riesgo es especialmente grave en enfermedades asintomáticas como la hipertensión, que puede derivar en infartos o accidentes cerebrovasculares.
Semino también cuestionó la atención sanitaria: indicó que no llega “en tiempo y forma” y que muchas obras sociales buscan desprenderse de los jubilados. Sobre el PAMI, sostuvo que “es lamentablemente catastrófico en términos de lo prestacional”. Según su declaración, una persona mayor puede tardar “no menos de seis meses” en llegar a un diagnóstico, lo que hace que las patologías avancen y terminen en una guardia.
Respecto al bono previsional de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, Semino afirmó: “Es un disparate que el Estado argentino pague 6 millones de beneficios con una suma que es discrecional. Es una suma que determina el príncipe de turno”. Recordó que la Defensoría planteó judicialmente la necesidad de incorporar el bono al haber y estimó que, de haberse actualizado, hoy debería rondar los $150.000.
Mencionó que dos leyes sancionadas en agosto de 2024 y agosto de 2025 proponían una modificación de la movilidad jubilatoria con un aumento del 7,2% y la actualización del bono, pero ambas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. La Defensoría presentó planteos de inconstitucionalidad contra los fundamentos de los vetos, que “siguen su curso por los tiempos vaticanos que tiene la Justicia argentina”, según Semino.
Finalmente, Semino declaró: “La situación de crisis humanitaria que tienen los jubilados en Argentina no está en la agenda política directamente”. Y cerró: “Los jubilados o las personas mayores perdieron la calidad de vida y, en el transcurso de todo esto, se pierden vidas. Evidentemente, no importan a los decisores que debieran transformar esto”.
