La organización Human Rights Watch afirmó que la Policía filipina realiza ejecuciones extrajudiciales con impunidad, diez años después del inicio de la campaña antidrogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que «la Policía filipina y sus agentes llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales con impunidad como parte de la campaña antidrogas del Gobierno». La campaña fue iniciada hace diez años por el entonces presidente Rodrigo Duterte (2016-2022), quien se encuentra detenido en La Haya desde 2025 y acusado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en el marco de dicha campaña.
«Desde que Duterte inició su ‘guerra contra las drogas’ hace una década, los filipinos siguen siendo asesinados a pesar de la promesa del presidente Marcos de emprender una campaña más humana contra las drogas», declaró la investigadora para el Sudeste Asiático de Human Rights Watch, Lian Buan.
Buan sostuvo que el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., «debería declarar el fin de la ‘guerra contra las drogas’ y ordenar investigaciones sobre los asesinatos relacionados con las drogas cometidos por la policía y otros».
Tras ganar las elecciones de 2022, Marcos prometió abordar el problema de las drogas mediante la «rehabilitación y el desarrollo socioeconómico». Durante la presidencia de Duterte, la propia Policía filipina reportó unas 6.200 muertes en operaciones antidrogas, aunque varias organizaciones de derechos humanos estiman la cifra en 30.000.
HRW señaló que Marcos «nunca ha repudiado la ‘guerra contra las drogas'» como política gubernamental y «aún no ha revocado las órdenes y demás declaraciones políticas emitidas por Duterte». En 2025, anunció el regreso a las operaciones antidrogas locales.
Desde que Marcos asumió el cargo en junio de 2022, se registraron 1.273 asesinatos en el marco de la campaña antidrogas, según el seguimiento independiente del Proyecto Dahas.
HRW citó un estudio de 2025 del Centro Filipino de Información sobre Derechos Humanos (PhilRights), que indicó que «si bien las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en operaciones policiales han disminuido, las detenciones ilegales han aumentado».
La organización también señaló que «la rendición de cuentas interna por los asesinatos sigue siendo lamentablemente insuficiente». Desde 2016, solo cinco asesinatos relacionados con la campaña resultaron en condenas, con un total de nueve policías sentenciados.
Lian Buan calificó como «vacía» la posibilidad de «una campaña antidrogas incruenta» defendida por el Gobierno de Marcos, y sostuvo que el mandatario «debe garantizar el respeto a los derechos de todos los filipinos» y «poner fin a esta ‘guerra contra las drogas’ de una vez por todas».
Además, reclamó que el Ejecutivo debe «arrestar y entregar al TPI» al senador y exjefe de la Policía Nacional Ronald Dela Rosa, reclamado por el tribunal de La Haya por el crimen de lesa humanidad de asesinato. La orden de arresto cita la publicación en 2016 de la política nacional antidrogas que instruía a los agentes a «neutralizar» a los presuntos delincuentes.
Dela Rosa se atrincheró a mediados de mayo en las instalaciones del Senado, con el apoyo de aliados, en una breve reaparición marcada por un tiroteo, tras la cual se fugó. Las autoridades filipinas manifestaron que tienen por objetivo arrestarlo.
Este lunes, la Policía advirtió que tiene órdenes «de detener al senador Bato». Si apareciese en el juicio político para la destitución de la vicepresidenta Sara Duterte ante el Senado, los «agentes de Policía lo detendrán», según la portavoz del cuerpo Allen Rae Co.
Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, enfrenta acusaciones por presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente Marcos, la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes. Negó todos los cargos y calificó las acciones como políticas. Si es declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para cargos públicos, lo que afectaría sus aspiraciones presidenciales para 2028.