La gobernadora Abigail Spanberger firmó el 30 de junio en Richmond un paquete de leyes que incluye el retorno al programa regional de emisiones RGGI y un crédito directo para hogares y pequeñas empresas.
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó el 30 de junio en Richmond la ley HB397, que dispone el regreso del estado a la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). La norma, impulsada por la legisladora Charniele Herring, se articula con un crédito destinado a usuarios residenciales y pequeñas empresas para compensar posibles aumentos inmediatos en las facturas de electricidad.
Según el comunicado oficial, la adhesión al RGGI apunta a reducir gastos de largo plazo mediante inversiones en eficiencia energética, energía limpia y prevención de inundaciones. El texto indica que cada dólar invertido en conservación energética reduce las boletas entre dos y cuatro dólares, y cada dólar destinado a protección contra inundaciones permite ahorrar cerca de seis dólares en daños futuros.
Para contrarrestar el posible efecto contrario en el corto plazo, se creó el RGGI Credit. Spanberger definió el beneficio como “un crédito directo para los contribuyentes” y sostuvo que fue diseñado para hogares y pequeñas empresas. Estimaciones oficiales prevén una reducción promedio de hasta 36 dólares anuales en las facturas de electricidad gracias a este mecanismo.
A nivel nacional, el programa RGGI acumuló 5700 millones de dólares en ingresos por subastas orientados a eficiencia energética y energía limpia. Las proyecciones citadas por el gobierno de Virginia estiman 22.600 millones de dólares en ahorros totales para los consumidores.
El paquete de leyes firmado por Spanberger incluye también disposiciones para regular los centros de datos. Se acordó un impuesto estatal al consumo de energía de esas instalaciones, estándares más estrictos para las emisiones de generadores de respaldo y herramientas para que las autoridades locales evalúen el impacto sobre viviendas, escuelas y tierras agrícolas.
Otras leyes promulgadas abordan tarifas para residentes vulnerables (HB2 y SB72), programas de flexibilidad de demanda (HB284 y SB371), optimización de la red (HB434 y SB621), expansión de energía solar de pequeña escala (HB628 y SB175), mejora del cálculo de uso eléctrico (HB892), aumento del almacenamiento energético (HB895 y SB448), inversión de grandes consumidores sin trasladar costos (HB1191), protección contra tarifas excesivas por combustibles (HB1256) y transparencia sobre unidades de generación a carbón y petróleo (HB1360).