La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares rechazaron la propuesta del Gobierno central para actualizar el complemento de insularidad, al considerarlo insuficiente para retener personal y garantizar servicios públicos de calidad.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) emitió un comunicado en el que sostuvo que el nuevo plus de insularidad planteado por el Gobierno central para los funcionarios estatales “no sirve para fijar plantillas, ni garantiza unos servicios públicos de calidad”.
Según el texto difundido, la agrupación expresó su “absoluto rechazo” a las cantidades propuestas para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales destinados en Baleares. La AEGC señaló que, tras más de 20 años de reivindicaciones, con plantillas “bajo mínimos” y una “pérdida constante de guardias civiles que se marchan en cuanto tienen la mínima oportunidad”, la respuesta gubernamental es una cantidad que calificaron de “ridícula” y “alejada por completo” de la realidad social y económica de las islas.
“Esta propuesta no compensa la vida en Baleares. No compensa el precio de la vivienda. No compensa el coste de la cesta de la compra. No compensa los desplazamientos y no compensa la dificultad de formar una familia aquí”, declararon en la nota.
La asociación vinculó la reclamación con la pregunta de si Baleares “merece tener unos servicios públicos dignos, plantillas cubiertas y profesionales arraigados a las islas”. Alertaron sobre una “realidad evidente”: “muchos funcionarios no quieren venir a Baleares y muchos de los que vienen lo hacen obligados, permanecen el tiempo imprescindible y se marchan en cuanto pueden”. En ese sentido, contrastaron una plantilla formada por profesionales que desean quedarse, conocen el territorio y desarrollan su proyecto de vida, frente a una plantilla “en permanente rotación, agotada económicamente y con la cabeza puesta en marcharse”.
La AEGC calificó la propuesta de “chapuza” e “insulto” por “no responder a la realidad de Baleares” y “no estar a la altura del problema que pretende resolver”. También consideraron “especialmente incomprensible” que la compensación se plantee con diferencias según el grupo funcionarial, ya que “el precio del alquiler o la hipoteca no pregunta si uno es funcionario A1, C1 o C2”. Agregaron: “La hipoteca no baja porque un guardia civil cobre menos que un mando. La cesta de la compra no distingue escalas, categorías ni grupos administrativos”.
Respecto a las islas de Eivissa, Menorca y Formentera, la asociación reconoció que las cantidades pueden ser superiores a las de Mallorca, pero afirmaron que “siguen lejos de una compensación real y suficiente”. “La doble o triple insularidad no puede convertirse en una excusa para maquillar una medida que, en su conjunto, nace claramente insuficiente”, remarcaron.
Por estos motivos, la AEGC sostuvo que la actualización es “un parche insuficiente, tardío y mal diseñado” e instó al Gobierno a “aprobar un complemento digno, suficiente, homogéneo y vinculado a la realidad del coste de vida en Baleares”. Desde AEGC Baleares avanzaron que defenderán una insularidad “digna”, porque “lo que está en juego no es dinero” sino la “calidad del servicio público que reciben todos los ciudadanos de Baleares”.
En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares rechazó la propuesta de actualización por suponer “cantidades insuficientes” que “no compensan” el mayor coste de la vida en Baleares. La CEP alegó que “no favorecen el arraigo” al “no garantizar” que los empleados públicos puedan quedarse ni que las plazas se cubran. También tacharon la medida de “desigual” e “injusta”, y la calificaron de “parche” que “no soluciona” un problema estructural de la insularidad y de “insulto” para los policías y el resto de empleados públicos. Entre sus reivindicaciones, la CEP mencionó un plus de insularidad “digno” y “real” que sea “acorde” al coste de la vida y la realidad del servicio para “atraer, retener y motivar” a los funcionarios, y que pueda “garantizar servicios públicos de calidad” para los ciudadanos de Baleares.